Sergio y David no se conocen, pero comparten la misma experiencia en la cárcel: vivir en carne propia la lucha judicial por su salud. En el caso de Sergio, fue un traumatismo facial causado por una detención ciudadana, antecedentes psiquiátricos agravados y una diabetes descuidada. Para David, fueron las amenazas, golpes, infecciones y el nulo cuidado a su salud mental lo que se ignoró por los profesionales del penal.

Distintos días, distintas causas, un mismo año. Fue 16 de abril del 2020, tras un intento de robo con homicidio en un ServiEstado de San Bernardo, cuando Sergio González Urtubia (68) conoció Santiago 1. Cinco meses más tarde, aunque por causas vinculadas al estallido social, David Gómez Valenzuela (26) arribó también al penal más grande de Chile.

Dos historias que grafican la deficitaria atención de salud que existe en el sistema penitenciario chileno, incluso en aquellas cárceles que son concesionadas. Dos relatos y una realidad que salen a luz gracias a la denuncia y al trabajo de profesionales, jurídicos y médicos, que producto de la revuelta social ingresaron a cárceles asistir a los presos políticos y se encontraron con estos enfermos que nadie ve.  

Si bien los antecedentes psiquiátricos de Sergio datan desde el 2002, es recién el 21 de agosto del 2018 cuando oficializa su terapia contra la depresión mayor moderada severa. Debido a su diagnóstico, el 26 de abril del 2020, diez días después de su formalización, sus abogados defensores solicitaron al Juzgado de Garantía la continuidad de su tratamiento. 

Dos meses más tarde, y tras la insistencia del equipo liderado por la abogada Yanira González Henríquez, la Jueza Titular del Juzgado de Garantía de San Bernardo, Ingrid Arévalo Sepúlveda, aprueba las solicitudes. Sin embargo, es recién el 8 de agosto, dos meses más tarde de lo decretado por el tribunal, cuando se realiza la primera sesión con el profesional.

Pero esta no sería la única inconsistencia del Área Ambulatoria de Salud (ASA), a cargo de la atención de los enfermos, en la fecha. Tras graves lesiones ocasionadas por una detención ciudadana, Sergio Olivares estuvo hospitalizado en el Hospital Parroquial de San Bernardo con una fractura en su maxilar superior. Según detalla un informe de la causa, nuevamente la orden del Juez de Garantía fue la atención médica, situación ignorada por Gendarmería, dejando al imputado “sin tener tratamiento alguno paliativo del dolor”.

Para la abogada González, la gravedad de las ineficiencias de las atenciones de salud radica en se está frente a vulneraciones a los Derechos Humanos de los reclusos. “En Santiago 1 se vulnera de forma sistemática el derecho a la integridad física y psíquica de una persona, lo que termina generando un agravio no solo en la salud, sino en el propio derecho a la vida de los internos”, dice a Doble Espacio. 

El sistema concesionado

El Centro de Detención Preventiva (C.D.P) Santiago 1 pertenece a uno de los 10 penales chilenos que fueron concesionados hasta 2027 por el gobierno de Ricardo Lagos, y que fue inaugurado por Michelle Bachelet. En el nuevo sistema, la administración y vigilancia de los recintos se mantiene en manos de Gendarmería, mientras que los servicios externos (construcción, ornato, mantenimiento y prestación de servicios de alimentación, trabajo, salud, educación y reinserción social) son concesionados a una empresa privada.

Este recinto penitenciario es administrado (al igual que los penales de Valdivia y Puerto Montt) por el Grupo 3, licitación de la constructora francesa Vinci Construction Grands Projets, la que a su vez es controlada por el grupo financiero estadounidense BlackRock, la empresa de gestión de inversiones más grande del mundo, como lo advierte el Movimiento Salud en Resistencia – MSR- , Sección Prisión, en una declaración sobre esta problemática. 

Según las bases de licitación del Grupo 3 realizada el 2003 y lo detallado en su propia página web,  la empresa se compromete a ofrecer un servicio de salud que mantenga a la población de internos en “condiciones normales, brindando una atención oportuna, promoviendo también campañas de prevención”. 

Yanira González afirma que el problema de fondo es intrínseco a la realidad de la concesión. “El principal problema es del Estado, ya que implantó un modelo que mercantiliza y terceriza el cumplimiento de los tratados internacionales de Derechos Humanos, poniéndolos al alero de una empresa”, comenta. “Lo que hace Grupo 3 es querer maximizar sus ganancias a costa de la dignidad de sus reclusos mientras el Estado hace la vista gorda”. 

Construido de forma inicial para 3 mil internos y aumentando su capacidad por decreto (sin modificación de estructura) a 4 mil, el centro penitenciario Santiago 1 cobra 10 UTM al Estado (alrededor de 533 mil pesos, 700 dólares) por preso extra al mes. En junio de 2021, último mes con información pública, la población del recinto llegó a un promedio de 4.988 presos, recibiendo la concesionaria una Compensación por Sobrepoblación por un monto de UTM 9.000.

Para Roberto Bermúdez, médico colaborador del equipo sanitario del Movimiento Salud en Resistencia, la situación es grave. “Durante la pandemia, la población nunca ha bajado de 4 mil 500 presos, es decir, han recibido un cheque mes a mes. Este dinero nunca se ha reinvertido en mejoras, por lo que la realidad es tener hasta 6 presos en una celda de 3 x 3, con 17 horas de encierro. Es inhumano”, denuncia a Doble Espacio.

El Movimiento Salud en Resistencia, en conjunto con las labores del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico (Colmed) llevan haciendo visitas frecuentes a la Santiago 1 desde el 6 agosto de 2020 para advertir y tratar las complicaciones de salud de los reos, con especial énfasis en los denominados “presos de la revuelta”.

Si bien, al ingresar a la cárcel se hace una revisión de patologías previas de cada recluso, Bermúdez afirma conocer casos de personas con trauma ocular que nunca fueron atendidas. “Son nuestras gestiones junto al Colmed, los abogados o la familia las que hacen que algunos casos tengan atención oportuna. Aquí el que no llora no mama y el que llora debe hacerlo de forma estruendosa. Hay que decirlo con todas sus palabras: los derechos de los reos se vulneran sistemáticamente”.

Aunque el profesional concuerda que existe una desigualdad sistemática en el trato a los reclusos, pone especial énfasis en el que han recibido los reclusos del estallido. “Aquí se ignoraron las recomendaciones internacionales de preferir medidas cautelares distintas de la prisión preventiva y se han asignado módulos de alta peligrosidad a personas detenidas por manifestarse”, afirma.

El eterno tira y afloja

Uno de estos internos es David Gómez, quien el 13 de septiembre de 2020, quedó en prisión preventiva por atentado explosivo e incendiario en el contexto del estallido social. Recluido en el módulo 19, sin contacto con otros detenidos de las manifestaciones, sufrió amenazas, golpes y ataques con armas blancas desde el día uno.

Un certificado médico que recopila las atenciones históricas de salud del MSR detalla que incluso existieron lesiones propiciadas por personal de Gendarmería. Al 19 de enero del presente año, cuatro meses después del inicio de su cautelar, David fue atacado tres veces con armas corto punzantes, ocasionándole un trastorno de estrés postraumático, depresivo y de sueño. 

Al complejo estado de su salud mental se sumarían las múltiples infecciones que no fueron advertidas por el ASA. “Pudimos detectar adenopatías y cuadros clínicos de disentería, sin valoración ni tratamiento por el personal médico de Santiago 1. La situación llegó al extremo de presentar múltiples eczemas en el cuero cabelludo con retiro de material purulento”, explica el doctor Bermúdez, firmante del oficio.

Pero lo más delicado ocurriría el primero de julio. Tras la muerte de su madre, se solicita un permiso especial de visita al cementerio. Sin embargo, David nunca fue informado de la solicitud y del permiso por Gendarmería, enterándose de la situación en pleno entierro. 

Misma desidia se verifica en la causa de Sergio. En su caso, a su nula atención en salud mental, se suma el descuido en tratar su diabetes. La constancia de esto se encuentra en el certificado médico realizado por el Colegio Médico y el Movimiento Salud en Resistencia el 3 de noviembre del 2020, donde se detalla que tanto los signos clínicos como una infección de tipo micosis en sus pies fue ignorada por el equipo del ASA.

Desde el MSR, Roberto Bermúdez afirma ver la situación con desesperanza. “Con el equipo hemos tenido reuniones con la concesionaria donde se entregaron tres informes detallando las precarias atenciones de salud que reciben los reos, pero se nos ha mentido de forma descarada diciendo que se van a cambiar las cosas. Aquí no hay atisbo de culpa ni se asume ningún error”, subraya a la revista el profesional.

Similar percepción tiene el doctor Bermúdez con respecto al Estado, de quienes asegura “no tener respuesta”. “Otro problema de fondo es que la única certificación de los servicios la realiza la inspección fiscal, ya que los contratos de la concesión se hacen con el Ministerio de Obras Públicas. Es decir, es imposible el diálogo directo con el Ministerio de Salud o de Justicia”, explica.

Judicializar la vida

David Gómez tuvo que esperar seis meses para que su solicitud de cambio de módulo tuviera efecto. Finalmente, el 3 de marzo del 2021 llegó al módulo 3, noticia que en palabras de su abogada le trajo “aire fresco” a su vida. “Él vivía bajo amenazas a su integridad constantes, actos que lo tenían en un estado depresivo severo. Sin duda, sentimos el traspaso como un logro”, dice la abogada González.

Sergio y David hoy reciben sus atenciones de salud y entrega de medicamentos con regularidad, una situación que para Yanira González hubiera sido imposible sin una “extensa batalla judicial”. “Concretar estas atenciones, que sin duda salvaron sus vidas, fue una lucha de meses. Esto no hubiera sido posible sin judicializar su salud y eso es grave. No es posible, sea cual sea el motivo por el que estés detenido, que tu dignidad y calidad de vida se vea vulnerada”.

Tanto Roberto Bermúdez como Yanira González coinciden en que ambos casos son el reflejo de una realidad mayor. Para el integrante del MSR, el peso de la vida de cada recluso termina en las manos de lo que, desde el Movimiento, el Colmed o los propios abogados, puedan efectuar. “Las cartas no deberían estar puestas en lo que como equipo de salud externo podamos realizar y al día de hoy, lamentablemente, es así”, explica.

Si bien, ven un futuro más esperanzador para estos casos, desde el MSR mantienen la alarma respecto al resto de reos. “Nosotros somos un grupo limitado que con mucho esfuerzo hemos atendido alrededor de 75 pacientes, apenas un 1% de la población penal, de los que la mayoría son prisioneros políticos. Aquí hay muchas personas que vivieron en situaciones de tal vulnerabilidad, que no vemos, porque ni siquiera se sienten con el derecho a quejarse”, menciona el profesional.

“Nos hemos sentido ignorados por el Estado y los políticos. Nadie se ha preocupado por la salud de los presos porque no les importa, es un tema tabú. Hoy pedimos que abran los ojos a una realidad. No se trata de defender o no las causas que los llevaron a la cárcel, es no permitir que los reclusos mueran frente a nuestras caras”, concluye Bermúdez. 

Isidora Pinochet Venegas

Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile