La activista y presidenta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile, Vanessa González, sabe de las luchas migrantes de la última década en Chile. Y, sobre todo, sabe que muchos de los problemas que aquejan a migrantes en el país han sido generados por una mala gestión de Gobierno, la promulgación de una ley que vulnera sus derechos y la pandemia que desprotege a quienes han migrado mucho más que a personas de nacionalidad chilena.

“La irregularidad migratoria ha sido promovida por este mismo Estado porque no reconoce la condición de las personas que se han visto forzadas a migrar, además con la desinformación, las trabas y las dilaciones administrativas justamente ha hecho que muchas personas se encuentren en situaciones de semi-regularidad o irregularidad migratoria”

La reciente Ley de Migraciones ha tenido inquietos a los migrantes que residen en el país, así como las recientes expulsiones, catalogadas de ilegales por la ONU. Al respecto, la presidenta de la Coordinadora destaca que las deportaciones que se están ejecutando este año, “son completamente ilegales, justamente por ser colectivas y no respetan el debido proceso. Violando normativas tanto nacionales como internacionales, y violando también los propios artículos transitorios en la nueva ley de migraciones”. 

A esto suma, según la activista, que “es imposible que se puedan expulsar a todas las personas que se encuentren irregulares hoy día en el país, por lo que nosotros suponemos que esto forma parte de una estrategia para mantener una gran cantidad de personas inmigrantes en situación irregular en Chile, que, por supuesto día a día van a seguir sufriendo del atropello de todos sus derechos, de su etnia como personas. Pero también, justamente, esto va a infringir un daño tremendo a quienes son trabajadores y trabajadoras, y se van a ver sometidos a múltiples situaciones de informalización laboral y por supuesto de abuso y explotación”.

Dentro del contexto de los trabajadores migrantes, González sostiene que, “una de nuestras posturas ha sido que no solamente la nueva Ley de Migración y Extranjería sino todos los procedimientos de criminalización hacia la migración, lo que van a hacer es llevar una gran cantidad de personas a la clandestinidad, y que van a estar justamente trabajando de manera irregular y esto solamente va a favorecer a sus empleadores. En ese sentido el Gobierno con sus políticas está promoviendo la irregularidad migratoria, más que ‘poner orden en la casa”. 

Frase que hace referencia al lema que utilizó el ejecutivo para promocionar la nueva Ley de Migraciones, afirmando que con ésta se controlaría mejor la situación de la gran población migrante irregular que reside en el país, y de esta forma mantener un mayor “orden” al interior de la frontera.

Críticas nacionales e internacionales

La actuación del Gobierno con respecto a la situación migrante ha sido duramente criticada, no solamente por organizaciones civiles, sino también por organismos internacionales.  “El Gobierno tiene una responsabilidad tremenda por lo que está haciendo con las prácticas que está ejecutando en las comunidades migrantes, tanto que incluso ha alertado a organismos multilaterales, como relatores de los derechos humanos de la ONU que han estado advirtiendo que lo que ha estado haciendo el Gobierno con las expulsiones colectivas es completamente ilegal También lo han advertido instituciones de derechos humanos del país y no ha habido caso alguno, no han tomado en consideración estas recomendaciones”, advierte la presidenta de la Coordinadora. 

Precisando más respecto a las posiciones de organismos internacionales, en cuanto a la situación migratoria en Chile, González declara que “si bien ha habido un repudio desde organismos internacionales con respecto a la situación de las expulsiones colectivas e ilegales, no ha sido suficiente el pronunciamiento, en tanto el Gobierno chileno no ha acatado justamente estas recomendaciones. Por ende, tenemos nosotros como organizaciones migrantes y como parte de la sociedad civil, que ejercer mayores presiones y hemos también estado anunciando que vamos, sin duda alguna y sin miedo tampoco, a seguir denunciando estas situaciones de vulneración hacia las comunidades migrantes en diversos espacios tanto nacionales como internacionales. Porque justamente esa es nuestra labor como defensores de los derechos humanos de quienes migran, y porque también es una necesidad tremenda a hacer”. 

Aquí la presidenta de la Coordinadora deja en claro e insiste que, si bien el pronunciamiento de un organismo como la ONU es de ayuda para su causa, aun así, no ha sido suficiente para que el Gobierno tome una dirección diferente. Además, hace un llamado a toda organización o instancia de la sociedad civil a unirse a esta causa, para poner una mayor presión a las decisiones del Estado y aumentar la visibilidad a la situación migrante.

Vanessa González enfatiza que, “como Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile tenemos una posición muy clara, desde que inició el contexto de emergencia sanitaria hemos estado demandando que se efectúe una regularización migratoria para todos y todas sin exclusiones. Esto, justamente motivado a que las comunidades migrantes comenzaron a estar en una desprotección tremenda, no solamente por la pandemia, sino porque las políticas migratorias eran cada vez más represivas en ese sentido”. 

“Y con el actual escenario donde se ha promulgado también una ley de migración y extranjería que sólo permite que un pequeño sector se regularice, nuestra postura es que el Estado no está tomando responsabilidad en reconocer a la migración como un derecho humano básico, sino justamente colocar la migración como problema desde un enfoque de seguridad nacional”, añade. 

La pandemia agudiza la vulneración de derechos

Algunas de las solicitudes más urgentes de la Coordinadora son el cese de expulsiones colectivas y arbitrarias, que se respeten los plazos fijados por el mismo Gobierno, el fin de campañas y operativos de persecución y detención de migrantes y “que se respete el derecho a la defensa de todas las personas, y que a estas se les permita recurrir administrativa y judicialmente a sus resoluciones de expulsión”. 

Esto, sin olvidar el contexto de pandemia en que se encuentra el país, por lo que solicita “que se resguarden la integridad y la vida de las personas detenidas, y que no se expongan a riesgos en su salud justamente para prevenir el contagio por COVID”. 

González advierte que “las residencias sanitarias se están convirtiendo en centros de detención informales de migrantes, esto por supuesto desincentiva a las personas migrantes a recurrir a espacios de salud por el miedo a quedar detenidos”. Según señala la presidenta de la organización, este problema deriva en que “no se está respetando el derecho a la confidencialidad de las personas cuándo acceden a un centro de salud. Además de que también desincentiva a las personas a que acudan a estos por diversas afecciones, incluso las relacionadas con COVID, por miedo a ser detenidos y expulsados”. 

Asimismo, denuncia que se ha negado vacunar a migrantes porque, “si bien el Ministerio de Salud ya ha reconocido en numerosas ocasiones que la vacuna es universal y que todas las personas en Chile y los migrantes, independientemente de su situación migratoria, pueden acceder a la vacuna, hemos estado los últimos días recibiendo denuncias de personas que les ha sido negada.”.

“Hay centros de salud que están insistiendo en que las personas migrantes tienen que estar regulares o tener visa en el país cuando esto es completamente falso. Esas son las dos situaciones graves a las que se está exponiendo la comunidad migrante con respecto al acceso a la salud en general, pero también a la vacuna por COVID”, detalla.

Con estas denuncias y petitorios, la presidenta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes resume la labor de la organización y condena la actitud que el Gobierno ha tenido para con las personas migrantes. Sobre todo, con aquellas irregularizadas que no tienen las herramientas para reclamar contra el Estado, y que solo gracias a estas organizaciones logran tener voz para establecerse en este país, el que parece aún no haberlos aceptado del todo. 

Juan F. Rivas C.

Estudiante de periodismo de la Universidad de Chile.