Los problemas del agua en Quintay vienen arrastrándose desde hace alrededor de treinta años, sin embargo, desde octubre de 2019 la situación ha sido insostenible. Con el recurso natural inhabilitado para el consumo por los altos niveles de metales desde hace más de un año y la imposibilidad de detener el avance inmobiliario en la zona, los habitantes de esta caleta se encuentran a la deriva en una de las décadas más secas en la historia de Chile.

Proveer de agua potable a un hogar de Quintay, pueblo pesquero de la comuna de Casablanca en la región de Valparaíso, no es tarea fácil. No se logra simplemente abriendo una llave como en la mayoría de las casas de Chile; un miembro de la familia, o preferentemente varios, deben dirigirse a la plaza del poblado con baldes, bidones o botellas, para obtener agua de uno de los tres estanques puestos en ese lugar por el Comité de Agua Potable Rural (APR) de Quintay. Ha sido así desde 2016. 

Por la geografía de este pueblo ubicado a 42 kilómetros de Valparaíso, la plaza se encuentra en una pendiente, lo que dificulta aún más el acceso al recurso. Los más afectados son adultos mayores que viven solos, personas discapacitadas y madres de lactantes, sin contar que algunos vecinos deben recorrer kilómetros para lograr abastecer a sus familias.

Toda esta complicación se debe al mal estado en que se encuentra el recurso hídrico que emana de las llaves de los quintayinos. La lucha por el agua no es nueva, es un problema acarreado desde hace al menos treinta años, pero para los vecinos de Quintay, este ha sido uno de los episodios más dramáticos que les ha tocado vivir.

La Junta de Vecinos de Quintay, encabezada por Naomí Porras (presidenta) y Alejandra Porras (tesorera), con la ayuda de Daniel Muñoz, abogado de la Corporación pro-Defensa del Patrimonio de Viña del Mar, ha presentado dos recursos de protección por la escasez y mal estado del agua en Quintay. Indica como responsables al APR de Quintay, la Municipalidad de Casablanca, el Seremi de Salud de la Región de Valparaíso y a Santa Augusta, un proyecto inmobiliario que contempla la construcción de dos mil unidades habitacionales y cuyo desarrollo está completado en un 25% que ya aumenta la población de Quintay en más del 100%. Sin embargo, ninguno de los recursos representó un cambio sustancial.

El recurso de protección sobre la deficiente calidad de la única fuente de agua potable de la zona está sustentado por un estudio solicitado por la junta de vecinos a Biodiversa, un laboratorio de análisis de muestras. Ese informe arroja la presencia en el agua de sulfatos, cloruros, flúor, entre otros componentes dañinos para la salud de los seres humanos, los que estarían causando enfermedades dérmicas.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó un segundo recurso (ROL 119065-2020) sobre la construcción en unos terrenos de Santa Augusta sin cumplir con la norma a menos de un mes de que fuera presentado, debido a que el espacio en el que está emplazado el complejo turístico está regulado por el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (PREMVAL), un documento de mayor grado jurídico que es más flexible sobre las exigencias para proyectos inmobiliarios.

Para esta investigación periodística se revisaron documentos de los Conservadores de Bienes Raíces de Santiago y de Casablanca y se contrastaron con publicaciones en el Diario Oficial. Adicionalmente, fueron revisados el Plan Regulador de Casablanca, Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso, los documentos del Sistema de Evaluación Ambiental con respecto al mismo PREMVAL, el registro de derechos de agua concedidos en la Quinta Región por la Dirección General de Aguas y un informe de Contraloría sobre irregularidades en los permisos de obra de Casablanca. Sumado a esto, se realizaron solicitudes de transparencia a la Municipalidad de Casablanca, a la Dirección General de Aguas y al Gobierno Regional de Valparaíso.

Los antecedentes recopilados anteriormente apuntan a una situación de abandono por parte del Estado hacia la población de Quintay y la vulneración de dos derechos fundamentales de sus habitantes: a vivir en un medioambiente libre de contaminación y a la salud, todo esto mientras el país atraviesa la mayor crisis hídrica de su historia y una pandemia en la que contar con agua es vital para mantener a raya el virus del Covid-19.

La concentración de propiedades: el Imperio Santa Augusta

La Sociedad Anónima “Inmobiliaria Santa Augusta” se constituyó en 1980, pero su mayor desarrollo no llegó sino hasta 1994, con la entrada de Manureva Sociedad Anónima. A través de Manureva, el proyecto Santa Augusta se ramificó en distintas empresas que le permitieron un crecimiento exponencial en la zona.

Manureva controla varias sociedades en una estructura de cascada, entre las que destacan la “Hotelera Santa Augusta S.A.”, el “Club de Golf Quintay S.A.” y la “Administradora Santa Augusta S.A.”. Todas estas sociedades fueron constituidas en Santiago, y con las mismas personas participando de ellas. Manureva es también la sociedad que concentra la propiedad de los terrenos en los que se ha levantado el proyecto inmobiliario de acuerdo a la Cartografía Digital del Servicio de Impuestos Internos (SII). 

Pero no son Manureva ni sus sociedades las que han construido los complejos habitacionales que generaron los últimos conflictos con la población de la Caleta de Quintay. Los permisos de obra disponibles por transparencia activa de la Municipalidad de Casablanca apuntan a tres sociedades: Costa Quintay S.A., Costa Quintay II S.A. y Costa Quintay III S.A. Los documentos de la constitución de estas tres sociedades obtenidos a través del Diario Oficial y el Conservador de Bienes Raíces de Santiago muestran un punto en común: Sud Pacific Kapital SpA, una de las sociedades de Francisco Sepúlveda Donato, el representante legal y Gerente General de Santa Augusta.

Gabriel Muñoz, abogado defensor de la comunidad de Quintay en las causas ambientales, explica que estas sociedades en estructura de cascada dificultan aún más el trabajo frente a los tribunales de justicia: “Lo descubrimos de una manera bien ridícula, porque nosotros presentamos un recurso de protección en junio respecto de lo que estaban construyendo en esa oportunidad, que era el proyecto Costa Quintay II -dos edificios enormes con más de 120 departamentos-. Y en esa oportunidad nos dice: “no, nosotros no somos los que estamos construyendo””. 

Para esta investigación se le solicitó a la Municipalidad de Casablanca los permisos de obra asociados a los terrenos de Manureva en el SII a través de Ley de Transparencia, con la finalidad de dilucidar qué sociedades construyeron en estos terrenos. Pese a que en los documentos adjuntados en la respuesta del alcalde de la comuna Rodrigo Martínez, ordenan la entrega de la información de manera gratuita, éstos fueron acompañados de otros documentos firmados por el director de Obras Municipales Yuri Rodríguez, solicitando el pago del concepto de “desarchivo” para la entrega de la información. El 18 de diciembre de 2020 se envió un correo al periodista de la municipalidad para preguntar sobre esta irregularidad. Al cierre de esta investigación, aún no había respuesta.

Un segundo obstáculo que enfrentan los abogados defensores se encuentra en la planificación territorial. El recurso de protección contra Santa Augusta sobre las irregularidades en las construcciones dentro de los terrenos de Manureva, fue rechazado en la Corte de Apelaciones. En los alegatos del abogado defensor de la comunidad apuntó al Plan Regulador Comunal de Casablanca de 1990 (documento que reguló el uso de suelos y la planificación de la expansión territorial hasta su actualización en 2020).

En este plan, Santa Augusta es identificada como la única zona de Quintay con potencial de urbanización. El Plan Regulador de Casablanca dejó de tener injerencia en el megaproyecto en 1996, con el permiso de edificación “Reglamento General de Urbanización de Santa Augusta”. El área de extensión urbana en el que se emplaza el proyecto fue incluida en el PREMVAL en 2014, un documento de mayor jerarquía que buscaba expandir el desarrollo urbano de la provincia de Valparaíso. Este documento concede más facultades inmobiliarias al proyecto que las permitidas en el Plan Regulador de Casablanca.

Al revisar el proceso de evaluación ambiental del proyecto que dio vida al PREMVAL a través del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), queda en evidencia que ni la DGA ni la Municipalidad de Casablanca mencionaron en sus observaciones al proyecto y el posible impacto de este cambio dentro de la comunidad de Quintay. También fue solicitada a través de la ley de transparencia el acta de la reunión del Consejo Regional en la que se aprobó el PREMVAL: en la 172° sesión extraordinaria del Consejo Regional de Valparaíso del 12 de abril de 2012 tampoco hubo ninguna mención sobre la planificación territorial en Quintay.

 La DGA y el APR: Entidades ausentes en tiempos de escasez

La Dirección General de Aguas (DGA), dependiente del Ministerio de Obras Públicas, es el organismo que debe velar por el correcto uso de los derechos de aprovechamiento de agua en todo el país, así como todas las funciones derivadas del mismo. En tiempos de crisis hídrica, esta institución cobra particular relevancia debido a sus facultades de fiscalización sobre el uso de todos los cuerpos de agua dentro del territorio nacional.

Durante el año 2019, las provincias de Valparaíso y San Antonio fueron declaradas como zonas de escasez hídrica por la DGA. El decreto dura legalmente seis meses, período en el que la misma Dirección tiene facultades extraordinarias sobre la distribución del uso del agua de la zona afectada.

Mucho antes de eso, en el 2000, la Administradora Santa Augusta y el Club de Golf Quintay solicitaron a la DGA declarar el acuífero del Estero El Jote, la principal fuente de abastecimiento de agua de Quintay, como área de restricción. De acuerdo a un documento publicado en el Diario Oficial ese mismo año, la razón de esta solicitud se encuentra fundada en documentos de la misma Dirección que advertían sobre el riesgo de una grave disminución del caudal.

Se le solicitó a la DGA de Valparaíso el registro de las fiscalizaciones en terreno al pueblo de Quintay de la última década a través de la Ley de Transparencia: los derechos de agua de Santa Augusta solo han sido fiscalizados en tres oportunidades entre el 2010 y el 2012, pese a la declaración de escasez y que la situación del agua en Quintay es de público conocimiento desde principio del milenio.

Sumado a la deficiencia en las fiscalizaciones a los derechos de agua, desde la junta de vecinos de Quintay, antes de interponer los recursos de protección, la comunidad hizo un llamado a las autoridades locales a través de una carta presentada al municipio y posteriormente a la Seremi de salud.

Naomi Porras explica que “en esa carta se pedía a la autoridad y a los concejales que se hicieran partícipes para poder hacer un análisis del agua y aparte de eso, como ellos eran socios también del Comité de Agua Potable, a pagar el agua de la escuela, de la posta, etcétera. De esta carta no tuvimos ninguna respuesta.”

Dadas las circunstancias, la calidad de vida de los habitantes de Quintay desde octubre de 2019 ha sido severamente dañado por la ausencia de agua limpia. Según lo mencionado por las representantes de la junta de vecinos de Quintay, hay un temor también debido a los desconocidos efectos a largo plazo que podría tener ingerir agua desde los recipientes plásticos que usan para su transporte.

Sin embargo, a pesar de los efectos que podría tener consumir agua de fuentes sin sellar y transportadas en bidones, la realidad más tangible y demostrada sobre efectos en la salud de las personas de Quintay se expone en el segundo recurso de protección presentado por la Junta de Vecinos.

Según lo explicado por el abogado representante de la Junta de Vecinos de Quintay, avalado por el estudio realizado por el laboratorio Biodiversa, encargado y costeado por la misma Junta de Vecinos, en el recurso de protección ROL 11601-2020 se expone que la presencia de elementos derivados de cloruros puede generar “presión alta en las personas, provocación de enfermedades de origen cardiovascular y otros problemas asociados, como la generación de accidentes encefálicos vasculares.”

Otros elementos como hierro, nitritos y manganeso en el agua, puede producir tras su ingesta cuadros de intoxicación, que en adultos puede derivar en daños cognitivos y motores irremediables, derivando a “cuadros clínicos similares a la Enfermedad de Parkinson.” En los niños, “la ingestión excesiva de hierro puede provocar intoxicación, llegando hasta la muerte.”

El 14 de agosto de 2020 los recursos para construir una planta de desalinización fueron aprobados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE). Esta planta “permitirá eliminar inconvenientes como la alta salinidad, concentración de hierro y turbiedad en el color del agua, causados por fallas en el sistema de filtrado del APR”, según lo indicado en la página de la SUBDERE. 

René Barrios, el director del APR, asegura que la planta que ellos están pidiendo a la SUBDERE “debería procesar alrededor de 400 mil litros/día de agua potable, y con eso solucionamos de forma definitiva el problema, porque si nosotros necesitábamos 260 mil, tendríamos casi más que el doble del agua, por lo tanto, podríamos darle agua a todo el mundo que no tiene hoy.” De todos modos, Barrios admite desconocer los posibles efectos que una planta de este tipo pueda generar en el medio ambiente.

De acuerdo a un documento de la Biblioteca del Congreso Nacional titulado “Impacto Ambiental de Desalinización de Agua de Mar”. Una planta de desalinización puede aumentar la concentración salina, aumentar la temperatura del agua, liberar agentes contaminantes en el mar e impactar en algún grado el ecosistema marino. Francisco Sepúlveda, abogado y Gerente General de Santa Augusta, plantea que el proyecto inmobiliario también consideró la instalación de una planta de ósmosis inversa, sistema que permite eliminar la salinidad del agua, debido a su elevado valor y la contaminación que puede generar.

Hoy los vecinos siguen sin tener acceso a agua potable en sus hogares. Las soluciones que han propuesto las autoridades van desde más estanques a una planta de ósmosis inversa o desalinización. Pese a que se han presentado proyectos para llevar a cabo las iniciativas, solo se encuentra en funcionamiento una planta de pequeña envergadura levantada por el APR. Otra de las opciones que como junta de vecinos han planteado es la declaración de la zona como una suerte de cúpula medioambiental para que el pueblo no se vea afectado por nuevos proyectos inmobiliarios. 

Catalina Solís

Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile.

Josefa Montes

Estudiante de Periodismo, Universidad de Chile.

Valentina Zambrano

Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile.