En 2015 Alejandra Yucra desocupó la casa que fue su hogar por casi 20 años. La esperanza de la vivienda propia en el Cerro Chuño de Arica se esfumó, negligencia tras negligencia. Las calles, las casas, el trabajo en el mercado y hasta las partículas de polvo que soplaban frente a ella estaban cargadas de plomo, arsénico y otros metales tóxicos. A pesar de que Alejandra tuvo que ser reubicada, muchos otros llegarían a instalarse en las viviendas abandonadas. Paradójicamente y a pesar del peligro que representaba para estos nuevos residentes, cientos de ellos se tomaron las casas contaminadas y hasta hoy, cargan en las hebras de su pelo el olvido tóxico de una zona de sacrificio en el extremo norte del país.

En 1984 la empresa sueca Boliden, mediante la importadora chilena Promel, exportó 20 mil toneladas de desechos tóxicos de polimetales a Chile con la promesa de convertirlos en oro y plata. La zona para ubicarlos sería un terreno eriazo en la ciudad de Arica. Siete años después, se entregaron viviendas sociales en el Cerro Chuño sin informarle a ninguno de los pobladores la presencia de estos metales pesados. 

Años más tarde, los niños en las calles jugaban con tierra que contenía altas concentraciones de plomo sin saber ni comprender el peligro que representaba. Recién hacia el año 1997, cuando ya muchos habitantes habían respirado o ingerido los desechos en cualquiera de sus formas, se detectó la presencia de contaminantes en la zona, lo que llevó al Instituto de Salud Pública (ISP) a realizar una toma de muestras a 623 personas para determinar la cantidad de metales pesados en la sangre de los habitantes del sector. Fue tranquilizante para los pobladores enterarse de que no existía un riesgo en la salud, pues las cifras aún apuntaban a pequeñas concentraciones.  

A inicios del nuevo milenio, luego de que se volvieran a tomar muestras en los niños de las poblaciones expuestas, se destapó “el Caso de las Comas” revelado por el programa Contacto, de Canal 13, que hacía referencia al escandaloso cambio de cifras que se realizó al traspasar los datos de la concentración de metales en la sangre. Así, si una persona tenía 105 microgramos (µg) de plomo y arsénico, el servicio de salud indicaba una cifra de 10,5. De esta forma, se revelaron una serie de negligencias que intentaron esconder un problema profundo de contaminación ambiental y de calidad de vida.

La respuesta de la autoridad recién se dio en el año 2012 con la creación de la Ley de Polimetales n° 20.590, que dentro de otras cosas, acordaba reubicar a las familias del Cerro Chuño, con el compromiso de demoler las viviendas del sector, para que nadie quedara expuesto nuevamente a esa contaminación. Aquella demolición nunca se efectuó, y hoy un nuevo grupo de personas, ávido de un lugar donde vivir, es parte de la toma de casas que aún siguen en pie y que cuenta con cientos de familias aquejadas por las malas condiciones ambientales, socioeconómicas y un abandono del Estado que pone en riesgo la salud de los pobladores.

Una ciudad aplomada

Fue en 1994 cuando Jessica Canaviri llegó a vivir con su madre Alejandra Yucra al Cerro Chuño. Vivió la toma de muestras del ISP, el descubrimiento del “Caso de las Comas” y la reubicación por la Ley de Polimetales. Con el tiempo, los efectos de la contaminación se hicieron notar, y los problemas como malformaciones congénitas, espectro autista o síndrome de Down se transformaron en un secreto a voces. 

“Hubo un documental de un niño que era vecino, que nosotros pensábamos que tenía 11 años, pero en realidad tenía 18. Él tenía enanismo y eso se debió al plomo”, recuerda Jessica.

Pese a que la temática medioambiental en el sector estaba enfocada en la contaminación por plomo, posteriormente se incorporó el arsénico como uno de los componentes más perjudiciales a la salud. La mayoría de los minerales importados desde Suecia tenían una alta concentración de arsénico 3 (trivalente), del tipo inorgánico. Según Leonardo Figueroa, Laboratorista Químico y especialista en Gestión Ambiental, se importó el veneno más tóxico. Los desechos suecos fueron identificados como “dióxido de arsénico”, un veneno histórico que causa graves problemas de salud, desde afecciones a la piel, problemas pulmonares, y hasta cáncer. Las principales enfermedades causadas por la exposición crónica y prenatal o infantil temprana a arsénico, pueden producir daños patológicos irreversibles para las personas afectadas.

Por otro lado, y en conjunto con el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Leonardo realizó una evaluación en la que estudió muestras de cabello, respecto a la concentración de plomo en los habitantes de la región. “No hubo lugar en donde no hubiese problemas por contaminación por plomo, revelado a través del cabello de las personas. Los datos obtenidos superaban los niveles normales”, afirma. Fue cuando comenzó a referirse a Arica como “la ciudad aplomada”.

El Centro de Salud Ambiental (CSA), establecimiento del Servicio de Salud Arica, creado por la Ley de Polimetales, se encargó de brindar atención médica a las personas acreditadas como beneficiarias de la Ley 20.590 para control y tratamiento de los efectos de la contaminación por metales pesados. No obstante, se debe considerar que la ley beneficia solo a aquellos habitantes de la zona nacidos y residentes hasta mayo del 2012, mes de su promulgación. Es decir, todos aquellos residentes de poblaciones contaminadas posteriores a mayo de 2012, no son beneficiarios de la ley. 

El CSA publica mensualmente un boletín llamado “Estado de avance y actividades de acuerdo con el Decreto n°80, Ley 20.590”. El documento señala que -actualmente- 13.504 usuarios han ingresado al centro desde 2009. De ellos, 69% se encuentran en control permanente y 31% están inactivos. Esta última cifra responde a que la segunda razón más común de inactividad es por “Fallecidos”, que acumula 501 personas.

En los últimos seis años, el número de egresos en aquella categorización ha aumentado un 254%. Otro dato preocupante es que anualmente se registran entre 50 y 90 decesos. Cabe destacar que todas las personas que ingresan como usuarios al CSA fueron, o aún son, habitantes del cerro. Es decir, indudablemente estuvieron expuestos a la contaminación por metales tóxicos. 

Inoperancia institucional: Cuando no hay condiciones básicas.

Cerro Chuño es un sector marginado de Arica y muchos de los servicios básicos para vivir no están presentes allí. La calle Morrillos es la columna vertebral de la población del cerro y hoy se ha convertido en el foco de delincuencia y mala calidad de vida de los habitantes del sector. El lugar donde los niños solían jugar, actualmente es la calle donde más delitos ocurren y, en la que incluso se acumulan kilos de basura. Si bien el problema principal de este sitio surgió producto de la contaminación de polimetales, eso sólo marcó el inicio de una seguidilla de conflictos de salubridad e higiene, además de una nueva etapa donde justamente el factor delincuencia es algo cotidiano.

Según informes ‘’delictivos’ realizados por Carabineros, Cerro Chuño es uno de los puntos críticos de la región, por lo que se realiza un arduo trabajo de patrullaje en el sector, con el propósito de disminuir la cantidad de delitos. 

Al ser una ciudad bifronteriza, Arica es la zona a la cual llega en mayor cantidad población migrante, donde cientos de extranjeros ingresan al país. Por esta razón, Cerro Chuño se caracteriza por ser el hogar de estas personas, quienes en vista de sus necesidades, han encontrado en las tomas de las casas a medio demoler, una solución habitacional.

Cabe mencionar que, a diferencia del resto del país, donde la población extranjera registra un 5% de participación en los delitos, en Arica, según Gonzalo Medina, Coordinador Regional de Seguridad Pública, “respecto a las detenciones de los autores de los delitos, no supera el 10% del total los que son extranjeros. Sin embargo, solamente en el sector del Cerro Chuño, aumenta a un 35%”. 

En cuanto a las condiciones de los habitantes, muchas de las casas fueron destruidas por partes, quedando sin puertas, ventanas e incluso sin baños. Aquello no es un impedimento para quienes habitan el lugar y se han acomodado, por ejemplo, colgándose de la luz de forma inestable para alumbrar sus hogares. La gravedad del asunto radica en que las autoridades no intervienen. Ni siquiera la Municipalidad de Arica asume su responsabilidad como garante de servicios básicos. Bernardita Araya, quien fue directora del Serpaj, describe esta situación con una breve pero certera frase: “El Estado es ineficiente”.

Al ser consultado por el abandono del sector, el senador José Durana (UDI), quien fue intendente de la región durante la promulgación de la ley, redujo la problemática a dimes y diretes políticos, sin apuntar a las razones de fondo. En ningún momento señaló el trabajo con organizaciones como Serpaj, ni articulación con Juntas Vecinales. El legislador no ahondó en el problema habitacional, de salubridad o delincuencia, sino que declaró que “entre 2014 a 2018, bajo el mandato de Bachelet, no hubo voluntad de legislar en esta materia”. En concreto, Durana atribuye todos los problemas de una zona de sacrificio a prioridades de los gobiernos de turno.

Si la justicia no llega al Cerro, el Cerro buscará justicia

A fines de 2019 se conoció la resolución del juicio que más de 800 vecinos de Arica levantaron en contra de la empresa Boliden, interpuesta en 2017. El tribunal sueco falló a favor de la empresa y se decidió que los demandantes chilenos debían pagar los más de dos mil millones de pesos que había costado el juicio.

Luego de que los vecinos recopilaran información sobre las cifras de contaminación e incluso datos de 1984 que confirmaban el aumento en los niveles de plomo de la población, la pérdida de la demanda fue un duro golpe para los habitantes del sector. No sólo quedó en evidencia la intención de la empresa sueca de desligarse de toda responsabilidad por el transporte de los materiales tóxicos, sino que también fue evidente el abandono del Estado chileno a la zona, siendo los vecinos del cerro los únicos que realmente se han dedicado a buscar justicia. 

La idea de que el cerro ha sido abandonado a su suerte, se basa particularmente en el hecho de  encontrar casas que debieron demolerse según lo estipulado en la ley 20.590, pero que ahora se encuentran en situación de toma, sin fiscalización en cuanto al estado de las viviendas. Maximiliano Manríquez, gestor cultural y vecino del sector, explica que esta situación se permitió, al trasladar a vecinos afectados por la contaminación por lotes a nuevas viviendas. 

En el caso del primer lote, hace aproximadamente 8 años, las casas no fueron demolidas, y cuando se trasladó el segundo lote de personas, hace un año y medio, esas casas tampoco se inhabilitaron. Maximiliano comenta que, en su mayoría e independiente a las cifras de migración, quienes tienen las viviendas tomadas son chilenos, y que él personalmente ha sido testigo de que al menos 300 personas más han llegado a vivir en las tomas del cerro durante el último año.

Verónica Lizama, quien desde el 2011 es dirigenta y activista del sector, caracteriza la situación en que se encuentra el Cerro Chuño como una consecuencia de las negligencias del Serviu. Quienes vivían en los lugares más contaminados por polimetales debían ser reubicados, pero no solo se retrasó el traslado de los habitantes, sino que además no se cumplió con lo establecido en la ley n°20.590, art.40 que indica.

“Se deberá acreditar la propiedad de la vivienda en la zona determinada para relocalizar. A su vez, permutar dicha propiedad con el Serviu, quien deberá velar porque la vivienda, una vez desocupada, no vuelva a reutilizarse sino inhabilitarse o demolerse”. Como las casas no se demolieron, se permitieron las tomas, y recién este año se están empezando a inhabilitar algunos pasajes de la población Industriales, cercana a Cerro Chuño y también víctima de la contaminación por polimetales.

La dirigenta señala que, para el Gobierno, las personas contaminadas son “un producto con fecha de vencimiento”, pues han sido abandonadas por el Estado y han sido relegadas a una atención médica precaria e incompleta, además de no tener una solución a los problemas de vivienda que les obligan a seguir exponiéndose a la contaminación.

El ex intendente José Durana señaló que “a lo largo de estos años han habido recursos presentados por el INDH y otros organismos para que se paralicen las obras y no se desaloje a la gente que habita en el sector, pero hoy el gobierno está iniciando un proceso a través de la Gobernación de Arica.” 

La desconexión de las autoridades se refleja en las palabras de Durana, porque el problema habitacional de Cerro Chuño solo se ha incrementado en los últimos años, en los que cada vez más personas se adueñan de casas que debieron ser demolidas, se exponen a la contaminación y, como si fuera poco, quedan al margen de la Ley de Polimetales. 

Desde la creación de la ley, han existido iniciativas para resolver esta problemática, pero  no se han logrado objetivos concretos ni hay evidencia de que el Gobierno esté trabajando en una solución para el conflicto. En 2007 se entregaron pagos como una medida reparatoria para las familias que habían sido víctimas de la contaminación, pero estos fondos fueron distribuidos erróneamente, pues debían ser repartidos siete millones de pesos por familia, pero en algunos casos, familias de cuatro o cinco integrantes fueron compensados individualmente. Esto significa que mientras algunos hogares recibieron compensaciones de siete millones de pesos, algunas obtuvieron sumas de hasta 28 millones. La indemnización en muchos casos no fue suficiente para cubrir los gastos de las enfermedades que la contaminación por polimetales provocó, ni tampoco alcanzó para construir casas nuevas alejadas del sector.

El 3 de diciembre de 2020, fuerzas de orden acudieron a desalojar la toma del sector, provocando conflicto entre los vecinos, quienes aún siguen desprotegidos por las autoridades. Se expandieron los rumores que, de la mano con la expulsión, se realizarían cortes de suministro eléctrico y agua para agilizar el abandono de las viviendas. Sin embargo, desde la Gobernación de Arica, han desmentido tales rumores a través del medio local El Morrocotudo, donde señalaron que “No se ha dado orden de desalojo y tampoco se cuenta con la facultad de decidir a quien o quienes la empresa privada de agua potable puede cortar el suministro”. Al cierre de este reportaje, se han realizado varias demoliciones parcializadas que han contado con la presencia de Carabineros.

Los problemas ambientales han tomado la agenda nacional e internacional, poniendo énfasis en aquellos aspectos en los que la salud de los habitantes está en especial riesgo. Aunque han pasado años desde la promulgación de la Ley de Polimetales,  los perjuicios a la salud de las personas han permanecido constantes. Esto demuestra una ineficiencia de las autoridades y de las medidas adoptadas. 

A la inoperancia institucional, se suma la baja cobertura de los medios de comunicación, que profundiza un problema de centralismo que desborda las necesidades de las personas, y que segrega a una de las zonas más extremas del país, transgrediendo los Derechos Humanos de sus habitantes. De esta forma, el abandono es evidente y el resguardo por los derechos ambientales queda en la última de las prioridades.  

Antonia Sepúlveda

Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile.

Antonia Muñoz

Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile

Rocío Barrera

Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile.

Sara Chávez-Canales

Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile.

Adriana Lizcano

Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile.