En la peor época de la emergencia sanitaria, el Bono Clase Media fue entregado a las familias como una ayuda para surfear el mayor momento de desesperación por la falta de ingresos y cesantía que, en agosto, alcanzó el 12,9%. El beneficio se transformó en un salvavidas de plomo: hay quienes pidieron el dinero, sin embargo, incluso podrían enfrentar a la justicia por no ser considerados como beneficiarios. Quienes critican la arremetida del gobierno, dicen que los perjudicados deberán pagar por un error del Ejecutivo. Aquí, quienes se han visto afectados, hacen sus descargos.

Desde que se inició la pandemia, una gran demanda de la población chilena es recibir apoyo gubernamental para sopesar los gastos y necesidades que se generaron en este contexto de crisis sanitaria. El Bono Clase Media llegaría a solucionar el problema, pero no quedó exento de polémicas debido a que diversos sectores de la población se vieron afectados por la mala implementación del mismo, ya sea porque recibieron el beneficio y no les correspondía o porque no les fue entregado a pesar de cumplir con todos los requisitos.

El bono consta de 500 mil pesos para personas que hayan visto disminuidos sus sueldos en un mínimo de 30% como consecuencia de la pandemia. El organismo encargado de administrar la bonificación es el Servicio de Impuestos Internos (SII), quienes forman parte de la polémica ya que el dinero mal entregado deberá ser devuelto.

Según datos nuevos entregados por la Asociación de Funcionarios del SII de Chile (Aneiich), cerca del 40% de quienes debían realizar la devolución habían ingresado sus datos correctamente, por lo que sí tenían derecho al bono.

El presidente de esta Asociación, Marcos González, comenta esta problemática refiriéndose a la totalidad de las personas que tuvieron acceso al bono: “Más del 25% son observadas por el Servicio, apuntadas con el dedo porque habrían falseado información cuando el Servicio todo lo que tiene son inconsistencias. No saben qué pasó, si la gente se confundió en los ingresos, si era tributable o era líquido, sólo saben que hay inconsistencias”.

Emanuelle Barozet, profesora de la Escuela de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) UChile, explica que las mediciones que ocupa el gobierno para delimitar quién es la clase media en Chile son las de un informe de Libertad y Desarrollo -un centro de investigaciones enfocado en estudios económicos liberales y de libre mercado- publicado en mayo del año pasado que precisa a la clase media como los hogares que reciben entre 600 mil pesos mensuales y dos millones y medio, siendo los primeros aún hogares muy vulnerables y los segundos, grupos familiares más asegurados.

La mala política implementada por el gobierno dejó un gran número de consecuencias en personas que necesitaban el bono, quienes debieron realizar un largo trabajo de apelaciones y burocracia. Así lo señala González, quien afirma que existió un mal diseño, mala implementación y nula información a la ciudadanía, a quienes: “Le habían dicho solamente que tenían que meterse a una página, poner aceptar y llegaba la plata”. Y continúa sobre las posibles penas de cárcel: “No es solo irresponsable” dice González, : “Están cometiendo un crimen social. ¿Cómo es posible que un supuesto beneficio termine transformándose en una amenaza de cárcel para casi medio millón de personas?”, comenta.

Problemas del bono

Madelin Calfunao tuvo a su segunda hija el año pasado, quien nació con un grave problema de alergia alimenticia por lo que ella estuvo todo el 2019 con licencia médica. Este año había vuelto a su puesto como jefa del Departamento Social de una inmobiliaria, pero en junio perdió su empleo y retiró su Seguro de Cesantía. Al no ser suficiente tuvo que endeudarse para conseguir dinero. Cuando supo del Bono Clase Media creyó que sus problemas económicos se habrían solucionado al menos provisoriamente, pero por errores del sistema las licencias no fueron consideradas como rentas y no pudo acceder a la ayuda.

González indica que las dificultades del bono se iniciaron en el momento en que este fue anunciado por parte del gobierno, de la mano de una ley que dejó vacíos que se reflejaron en los problemas surgidos: “La forma en que fue planteado fue muy complejo, se criticó muchísimo que no fuera una transferencia directa e incondicional, que es la vía por la que han optado otros países”. Y continúa: “para los pobres había que demostrar que uno es pobre, lo que siempre es una reestigmatización y para los que son de clase media había que demostrar que efectivamente no se habían tenido todos los ingresos.” Añade que esto fue una muy mala política pública, “mal diseñada, y muy mal implementada”, asegura.

Otra persona que no pudo recibir su bono en la fecha esperada debido a las licencias médicas es Lissette Díaz, quien fue invitada a comentar su situación en el matinal Mucho Gusto. Tras su aparición en televisión, creyó que su problema sería tratado con más rapidez: “Salí hablando y la Diana Bolocco dijo el nombre del director del SII y sorpresivamente al día siguiente me llamaron por teléfono diciendo que me pedían disculpas, que había un problema y que ahora habían enviado los datos a la Tesorería, que en tres semanas máximo me iban a pagar”, cuenta.

El senador Alejandro Guillier (IND), indica dónde recae la carga de estos problemas: “El principal responsable es el ministro Briones, quien no solo diseñó un sistema complejo, lleno de vericuetos y letras chicas, sino que falló en la implementación y llevó al Estado a pagar beneficios que nunca debió pagar”.

En una declaración que se encuentra en la cuenta de Twitter de la Aneiich, González apunta hacia el mismo lado: “Estas malas decisiones tienen nombre y apellido: Ignacio Briones, ministro de Hacienda y Fernando Barraza, director del SII”. Además, el presidente de la Aneiich cataloga la situación de las personas que deben realizar trámites extra como un “calvario”.

Polanco y González señalan que la información que maneja la gente respecto a sus rentas tributarias es casi nula, por lo que se podía generar una confusión al momento de solicitar el bono. Polanco dice: “El SII se encuentra obligado a solicitar una declaración jurada y esta declaración no fue lo más clara. Para los contribuyentes hablar de rentas tributables es equivalente a hablar de magia negra y en consecuencia hubo personas que se confundieron”.

El director de la Aneiich y Polanco también coinciden que el SII no era el organismo indicado para entregar este beneficio por su misión. González señala: “Nosotros cobramos impuestos, no entregamos beneficios”. Para Polanco, la entrega de la ayuda debió corresponder al Ministerio de Desarrollo Social y añade que esto se tenía que realizar en base a la información que le pudo haber proporcionado el SII.

En un reportaje realizado por Ciper, el Ministerio de Hacienda respondió ante el desconocimiento de las personas frente a las limitaciones del bono y señaló que todos los requisitos estaban en el proyecto de ley y fueron difundidas en el sitio web del Ministerio.

Además del gran número de personas que recibieron el bono con inconsistencias en sus datos y ahora deben devolverlo, 37 mil 100 eran funcionarios públicos que no vieron sus ingresos oficiales alterados y otra parte no lo recibió, porque el año 2019 tuvo licencia médica y esta no fue considerada como renta.

#sinbonoporlicencia2019

Tras ver su postulación al bono rechazada, Calfunao notó que no era la única persona que se encontraba en esta situación debido a sus licencias, por lo que junto a personas que conoció a través de redes sociales decidieron organizar un grupo en distintas plataformas para buscar respuestas juntos. Respecto a algunas de las acciones realizadas por este grupo, denominado #sinbonoporlicencia2019, Calfunao comenta: “Hicimos la primera reclamación a través de redes sociales y campaña, por ejemplo cada vez que una autoridad estaba en una transmisión en vivo por Facebook, por Instagram o donde estuviera en los canales, empezábamos a través de Twitter o en el chat de los comentarios a enviarle mensajes de una manera casi spam”.

La búsqueda por respuestas derivada de la organización que ella lidera causó que de un grupo de 350 personas, sólo queden 35 sin tener acceso al bono o créditos, pero ha sido una pelea demorosa y lenta: “Mandábamos correos a los funcionarios -del SII- y ellos decían ‘nosotros informamos todo, no sabemos lo que pasa’. Llamamos al call center y ahí no tenían idea. Le mandábamos correos al director del SII con copia a todos los diputados, a todos los senadores y no hubo ninguna respuesta”, agrega Calfunao.

Aunque Calfunao no lo supiera, durante esas noches, los funcionarios del SII no operaban en las mejores condiciones: “Inicialmente, como se hizo de una semana para otra, nuestra gente tuvo que trabajar días y noches durante toda una semana, sin pago de horas extras. Y lo que se hace a la rápida termina en problemas como los que nosotros estamos viviendo”, señala González, presidente de la Aneiich.

Lissette Díaz es una de las participantes de la organización con Calfunao. Ella trabajaba en el Grupo de Inversiones Suramericana (SURA). Tuvo licencia médica el año pasado debido a una depresión post parto y después recibió su seguro de cesantía hasta mayo del 2020: “Al momento de meterme al SII me apareció que tenía un promedio de 144 mil pesos que yo ganaba mensualmente –el 2019– y eso nunca fue así”, comenta. Su sueldo era mayor a esto, pero por error de su empleador en la información que entregó al SII no se reconoció el pago de las licencias.

Gonzalo Polanco señala que esto no debiese suceder: “Hay algunas situaciones en donde si tú analizas los antecedentes correspondía que la persona recibiera el beneficio. Yo me imagino que el SII podrá actuar rápido y mandar la información cuando el beneficio efectivamente corresponda”.

El caso de Díaz, evidentemente no fue solucionado con rapidez. Ella agrega que tras apelar en septiembre, en octubre le avisaron que sí era beneficiaria y que en diez días más recibiría su pago. Esto no sucedió y a finales de octubre tras ponerse en contacto con el director del SII, su fecha de pago se fijó en tres semanas. Este plazo venció una vez más y tras insistir, le indicaron una nueva fecha en la que estaría el dinero en su cuenta: “Con todo esto que ha pasado hasta que esté la plata en mi cuenta recién voy a creer”, concluye.

Funcionarios públicos

Sofía, un nombre ficticio ya que prefirió que su nombre no fuera revelado en este reportaje, trabaja en un consultorio municipal de una localidad rural y solicitó el bono pero luego no rectificó los datos de la acreditación para recibirlo. Cuenta que no tuvo acceso a la información de los requisitos por parte del área de bienestar del consultorio y que fue más una conversación que se dio entre colegas: “De copuchenta nos metimos con una compañera, aparecía un monto y aceptar. Pero no aparecía el resto que decían así como el último sueldo, no aparecía eso o no lo vimos, pero no fue que postulamos a pesar de que sabíamos”.

En cambio Felipe, cuyo nombre fue cambiado para preservar su privacidad, es auxiliar en un colegio municipal en la misma comuna que Sofía. Él sí recibió el bono y no lo devolverá hasta que se aclare el proyecto de ley en el Senado que busca un “perdonazo” legal para los deudores. Felipe se encontraba consciente del requisito que se refería a una disminución en su salario, por lo que explica: “Con las horas extras que yo hacía, perdí más de un 30% de mi sueldo. Y postulé, poniendo lo que ganaba sin las horas extras y me dió que sí, apreté click y me llegó”.

González, director de la Aneiich, aclara que los bonos a los que acceden normalmente los funcionarios públicos son entregados en diversos meses del año, pero como no se los entregan en julio tienen una disminución significativa del sueldo. El mayor problema que asola a los funcionarios públicos es el no pago de horas extras: “Se dejaron de pagar horas extras en abril, indistintamente que las hagamos o no. Y hemos tenido mucha sobrecarga con todo lo que ha pasado. Con esos dos factores, hay mucha gente que cumple los requisitos para el bono”, señala.

Los funcionarios públicos son considerados como uno de los grupos con mayor estabilidad laboral. Emmanuelle Barozet explica que ese grupo ha visto sus sueldos aumentar en los últimos años y es más complicado despedirlos que en el mercado laboral privado. Pero María Pía Martín, directora de un magíster de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, considera que esa no es la visión real y que no necesariamente coinciden con la idea de funcionarios públicos como gente que tiene un contrato, estabilidad profesional, o que progresa en su carrera que empieza en un grado y termina en otro: “La mayoría de la gente del sector público es a contrata, por lo tanto su contrato puede terminar en el próximo periodo. Y hay una parte que no tiene protección laboral tan clara, por eso si él o ella cumple los requisitos para obtener un beneficio y no está excluido de la ley debería tener acceso”.

El director de la Aneiich, como funcionario público expone su propia situación personal en pandemia: “A mi me ha tocado apoyar a mis padres, cosa que nunca pensé que me iba a tocar hacer, porque la han estado pasando mal. Y yo no he visto afectada mi remuneración”.

Necesidades compartidas

Todas las personas que recibieron el dinero o están a la espera del mismo comparten la necesidad de tenerlo, ya que se encuentran en situaciones de cesantía o de bajos sueldos.

En el caso de Calfunao, quien tiene dos hijos, sobrevive con el retiro del 10% desde junio, y además paga dividendo: “Es un millón de pesos dividido de junio hasta noviembre, o sea 5 meses. Son menos de 200 mil por mes, es prácticamente imposible vivir con eso cuando solamente el dividendo me come toda la plata”, señala. Su problema es el endeudamiento y se encuentra a la espera de que le acepten el Crédito Solidario.

Por otro lado, Felipe cuenta que desde que le dejaron de pagar horas extras su sueldo ha disminuido en más de un 30%, lo cual para él significa casi 150 mil pesos extras al mes y que por ganar un poco más no ha podido postular a otros beneficios.

Para Gonzalo Polanco, abogado tributarista, la respuesta frente a la falta de políticas públicas dirigidas a la clase media tiene que ver con la estrecha situación fiscal en la que se encuentra el país: “Eso ha hecho que sea más fácil hablar de la necesidad de tener políticas que implementarlas. El gobierno sabe de esta carencia pero tiene que mantener también esos equilibrios fiscales”, asegura.

A pesar de esto, las cifras de gasto público en pandemia han aumentado, según el informe de Contraloría en septiembre, el gobierno gastó $87.614 per cápita en distintas áreas para sopesar la crisis sanitaria, la mayoría enfocado en el bono covid. En el informe anterior, que abarcaba entre enero y abril, el monto per cápita fue de $11.126.

Díaz comenta que su proceso para recibir el bono ha sido extremadamente burocrático y lento: “Se suponía que iban a arreglar la plataforma para que los que habían tenido licencia pudieran acceder, pero eso nunca pasó”. Luego de recibir la llamada del SII, quienes se demoraron tres meses en entregar el bono, el 24 de noviembre accedió al dinero.

Respecto a otros beneficios a los que fue admitida para recibir, solo logró acceder a la última cuota del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y al retiro del 10%, por lo que ha tenido que endeudarse todo el año: “Compro cosas con mis tarjetas de crédito y con la plata que voy recibiendo, voy pagando mis tarjetas para poder seguir dando vueltas. El gobierno dice que no va a haber más ayuda y que está impulsando a que se busque trabajo pero ¿Qué hacen las mamás que tienen hijos? ¿Busco trabajo con el niño a cuestas?”, reclama.

Proyecto de Ley para un “perdonazo”

En el Senado se presentó un proyecto que busca evitar sanciones legales, pero considera la devolución del dinero, cuyo autor es Francisco Huenchimilla (DC). La moción apela a una “confusión legítima” respecto a la disminución de salario, considerando que hay algunas variables a la página desplegada por el SII. Según el documento presentado, la amnistía es justificada debido a una “desprolija elaboración de la política pública y su indebida difusión”.

Lissette Villa, respecto a quienes podrían ser sancionados, dice: “Yo no justifico pero tampoco condeno. Los empleados públicos ganan súper poca plata, para mi es más condenable un perdonazo a una empresa multimillonaria como Penta que una persona que recibió 500 lucas”.

Respecto al proyecto, González (Aneiich) señala la postura de la Asociación frente al mismo: “Nosotros no estamos de acuerdo con ningún perdonazo. Pero se perdona algo cuando se cometió una falta y nosotros estamos convencidos de que el casi medio millón que están apuntando con el dedo, por lo menos el 90% deben ser problemas de implementación”.

Según el senador Alejandro Guillier, uno de los impulsores del proyecto, este se enfoca en una amnistía penal: “Cada peso público mal entregado debe ser recuperado. Pero creemos que otra cosa es iniciar una persecución penal contra esas personas, arriesgando penas incluso de cárcel o que perjudiquen sus antecedentes a futuro”, añade.

El futuro del proyecto se encuentra ahora en manos de la comisión de Constitución, donde Guillier espera se tramite pronto e indica: “Después de que evacuen de una vez por todas el proyecto de ley para posibilitar la electibilidad de los independientes en el proceso constituyente”, señala.

Actualmente, a pesar de que la comisión de Constitución ya despachó la ley respecto a las candidaturas de independientes y se encuentra estudiando el proyecto de ley para reformar el sistema de justicia tras el estado de calamidad pública, la legislación respecto a la amnistía sigue sin ser tratado.

Simone Da Silva

Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile

Amanda González

Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile