Desde que se aprobó el retiro del 10% de los fondos previsionales acumulados en las AFP, que permitían la retención de los padres que son deudores de pensión alimenticia, nuevamente entró a la discusión la gran cantidad de pensiones no pagadas en Chile y el daño que provoca en las y los menores. 

Luego de un álgido debate en la Cámara de Diputados y el Senado, que captó la atención de un gran grupo de la población chilena, el 30 de julio se publicó la Ley 21.248 que permite el retiro del 10% de los fondos de Pensiones. Sin embargo, esto no solo vino en ayuda de quienes necesitaban dinero, sino que también a responder la demanda de les hijes que no reciben pensión alimenticia. Esta cifra alcanza a aproximadamente 70 mil niñes que no reciben el sustento económico del alimentante definido por el tribunal. 

Es por ello que volvió a la discusión el proyecto de ley que fusiona distintas mociones, incluidas algunas que datan del año 2015. Esto, principalmente modifica la Ley 20.066 de violencia intrafamiliar, tipificando el no pago de pensión alimenticia como un delito penado por esta ley.

Quienes han podido hacer uso de esta retención excepcional de fondos comentan que es un beneficio que responde a necesidades que no habrían podido cubrir de otra forma. Este es el caso de Carmen Gloria Guerrero, quien tuvo dos hijes con su ex marido y vivió diversas situaciones de violencia física y psicológica infligidas por él. Tras salir de la relación y llevarse con ella a sus hijos, inició el proceso de varias demandas contra el padre. Una de ellas terminó con orden de alejamiento de les niñes ya que según los informes de la Oficina de Protección de Derechos, elles también habían sido víctimas de violencia. La otra demanda por pensión de alimentos, está interpuesta desde noviembre del año pasado y él nunca ha pagado regularmente. 

Además, las acciones tomadas por el tribunal para que esto se regule —según la misma madre— son insuficientes: “Pedimos el apremio que era la licencia de conducir, pero para eso tiene que ir Carabineros a retirarla o pillarlo manejando y ahora no hay dotación suficiente para hacer ese tipo de trámites. Ninguna medida ha sido efectiva”. 

Otra historia similar a la de Guerrero es la de Jeanette Sepúlveda, quien tuvo un hijo con Mauricio Valenzuela el año 2004, pero poco después se divorció. Cree que él tiene una riña personal con ella y que por esta razón no le paga la pensión al menor, quien no veía a su padre desde enero y luego de un largo tiempo lo visitó en julio, acompañado de ella.

Sepúlveda explica que lo tiene demandado “de toda la vida”. Todo comenzó cuando ella inició el proceso de separación y después de la separación legal “se hizo el tema de los alimentos. Ahí pagaba de repente”, cuenta a Doble Espacio. Además, dice que tuvo que cambiar mucho de abogados y las estrategias fueron varias, pero la más efectiva fue el descuento en planilla: “Eso le cayó como bomba, siempre me lo reclamó. Según él, perdía los trabajos en el sur porque yo lo buscaba por la empresa para que le descontaran, era la única forma que yo recibiera mensualmente la plata”, dice. 

La medida funcionó hasta que Valenzuela volvió a Santiago, ya que en la capital era más difícil seguir el rastro de sus trabajos. “Tenía que estar recordándole que pagara, porque ahí ya no tenía cómo saber donde trabajaba. Y me decía el viernes, el veinte, el diez, el quince y no cumplía”, cuenta la madre.

El último gran conflicto sucedió cuando logró descubrir cuál era su último trabajo, pero como él era el encargado de subir las planillas de sueldo, manipuló eso y lo descubrieron: “No me daba la plata porque cuando llegaban a avisar, él se hacía el que no estaba. Creo yo —o lo que dijo— que lo habían echado por mi culpa porque lo estaban buscando por el juzgado. Y ahí dejó de pagar un tiempo”. 

Vivian Peñaloza, abogada de la Corporación de Asistencia Judicial de Quillota, funcionaria del área de familia, explica a Doble Espacio que la ley contempla la violencia económica. De hecho, hay jurisprudencia que señala que cuando hay una conducta reiterada del agresor de no cumplir las necesidades básicas de la víctima, pudiendo hacerlo, constituye violencia. 

Escondites 

Valenzuela vive actualmente en el departamento de sus padres donde no hay conserje, sólo citófono. Quedó cesante en octubre del año pasado y desde entonces no ha pagado ninguna mensualidad. Tampoco se le puede descontar por planilla porque es independiente. Todo este tiempo se ha escondido de Sepúlveda. “Cuando va el receptor a notificarlo, siempre contesta el papá y dice que no vive ahí. Entonces no lo hemos podido ‘agarrar’ para notificarlo”, dice la madre. Para demostrar la residencia de Valenzuela, ella le sacó fotos al auto estacionado de noche y luego en la mañana para tener pruebas suficientes. 

La diputada Natalia Castillo, parte de la Comisión de Familia y Tercera Edad de la Cámara de Diputados, comenta a Doble Espacio que este es un fenómeno recurrente al tratarse del no pago de pensión: “Hay un montón de casos de deudores de alimentos que no son habidos y que las mujeres los tienen que buscar por cielo, mar y tierra, transformándose en verdaderas detectives privadas. No los encuentran y en consecuencia las deudas van creciendo y les niñes se van quedando sin pensión”. Además de las tentativas frustradas de encontrarlo, Sepúlveda cuenta que no hay otras medidas por parte del tribunal: “Lo único que me llegó a mi a principio de la pandemia, fue una notificación del juzgado de que no podían arrestarlo por la cuarentena”. 

En este sentido, la situación de ambas madres es parecida. Guerrero relata que muchas veces los hombres se vuelven a casar y ponen todos sus bienes a nombre de la nueva esposa para que estos no sean rastreables en caso de posibles retenciones. Respecto a su caso, explica: “Lo mismo con el Servicios de Impuestos Internos. Ahí tú no te puedes meter, yo sé que el papá de mis hijes tiene una empresa con el hermano, pero no puedo pedir nada más que la retención que sería en el mes de mayo pero del próximo año, este año ya no tengo nada más que hacer. No sé qué se podría hacer para que los hombres entiendan que no pueden andar dejando hijes por la vida”, añade.

Peñaloza afirma que existe una falencia muy grande en la ley en cuanto a arrestos domiciliarios: “Por la Ley 14.908, que es la que establece el pago de pensiones, sale una orden de arresto a domicilio y si la persona no está en el hogar o no la encontraron, se agota la orden de arresto. Y la señora tiene que volver a solicitarla una y otra vez”, comenta. Una solución que la abogada propuso es que las órdenes permanezcan en línea: “Si las órdenes no se agotaran en la gestión sería mucho más fácil”. 

La última estrategia que llevó a cabo Sepúlveda fue confiscar el auto. “Lo otro que hicimos con este abogado nuevo es que pague lo que tiene adeudado a través del único activo que tiene. La idea es confiscar el auto, que lo rematen y que esa plata le llegue directo a la cuenta de mi hijo”, dice. El problema de esta estrategia es que Valenzuela también tiene deudas con el Banco Estado, quien, en el caso de que funcionara la estrategia, podría reclamar ese dinero “porque las deudas del banco están primero”. 

El daño 

En estos casos, y en los miles que se pueden encontrar a lo largo del país, se repite un agotamiento y daño a las madres, niñes quienes en su mayoría son las que tienen que llevar una doble carga a causa de la ausencia del padre. 

Guerrero dice que “todas las mujeres que han sufrido violencia pasan por un tema económico y una dependencia emocional muy fuerte frente al hombre, es difícil volver a armarse y entender que tienes que salir adelante sola porque obviamente no hay apoyo de ninguna manera si no es con ese hombre, porque es el papá de tus hijos”. 

Además, Guerrero añade que no hay ninguna entidad que proteja a las mujeres frente a esto y que rara vez se juzga al padre por abandonar al hijo, no así con la madre, quien recibe críticas transversales. “Ahí te das cuenta del patriarcado, claramente es brutal para las mujeres”, comenta.

Según Bruno Belmar, psicólogo coordinador comunal del Programa de Integración Escolar en Nogales, en el contexto de familias con padres separados “todas las manifestaciones e interacciones que hay en esas relaciones van a tener un potente efecto en el resto de la familia”, por lo que independiente de la edad del menor, este se vería afectado por la irresponsabilidad económica. “El no cumplir con la responsabilidad de alimentar —porque la ley lo pone como alimentante pero se queda corto— no es solo el alimento, son otras necesidades también para hacer de un ser humano en crecimiento, una persona que se va desarrollando de manera integral”, añade.  

Respecto al trabajo que realizan las madres, quienes normalmente son las que quedan a cargo de les hijes y se ven afectadas por lo mismo, Belmar agrega que “no contar con ese ingreso implica que la mamá tiene que sobreexigirse para confrontarlo, compensar la ausencia o incluso complementar. Esto genera un grado de tensión, en el que se puede ver afectada su salud mental, incluso generar depresión que implica un impacto en la relación con les hijes”.

Sepúlveda, a pesar de no haber sufrido violencia física, dice: “Si me pongo a pensar que hubo violencia, siempre fue con respecto a los temas económicos”. El padre descansó mucho en ella, pues aunque tuviera un trabajo no pasaba el dinero necesario, o lo pedía de vuelta para la locomoción. “Nosotros nos dividimos los gastos, pero muchas veces pasaba que él no pagaba y me tenía que terminar haciendo cargo yo”, cuenta.

Para la diputada Castillo el problema es parecido: “Si no se pagan las pensiones de alimentos, al Estado le termina saliendo mucho más caro porque se generan un montón de problemas asociados al no pago de la pensión y a la violencia económica, que tienen consecuencias mucho mayores”. La diputada llevó la propuesta de crear un Fondo Solidario de Pensiones a la mesa técnica en la que ella participa y que se conformó con el Gobierno. Con este Fondo se aseguraría que las pensiones “lleguen de manera muy oportuna a les niñes y que después sea el Estado quien le cobre a los deudores”, ya que este posee mejores herramientas para hacerlo que las madres, a quienes no les corresponde. 

Interpretación de la ley 

Los vacíos legales existentes en las leyes las pueden hacer interpretativas y llegar a depender de lo que el juez decida. Desde su experiencia, Guerrero comenta que “la retención de sueldo que se propone ya estaba en la ley y eso queda muchas veces a criterio del juez que te toca. Eso no es justo, porque les niñes no se mantienen de buenas intenciones”. 

La abogada Peñaloza señala lo que podría suceder con la nueva propuesta: “No está bien analizado desde el punto de vista de la reiteración del delito. Tiene muchos vacíos (…)  lo que aplica en un tribunal es distinto a lo que pasa en otro, al menos en familia y en materia penal es más tomado del cuero”. A esto le agrega que “probablemente cuando le entreguen  una ley que tiene vacíos en muchas aristas (…) se puede colapsar desde el punto de los vacíos, de la interpretación y creo que no busca ni atiende a la solución definitiva del tema”. 

Por otro lado, la diputada Castillo considera que el proyecto tiene varias cosas buenas, como hacer de carácter público a los deudores de alimentos: “El proyecto viene a asegurar otros derechos como el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la educación”, dice. Y agrega que “establece que cuando el no pago es reiterado en el tiempo se considera como violencia intrafamiliar propiamente tal. Incluso podría calificar bajo la figura de maltrato habitual, porque no pagar la pensión es una forma de violencia”, concluye. 

Qué falta para la aprobación

El proyecto terminó su trámite en la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra remitido a la Comisión Especial, encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género del Senado. En este sentido la diputada Castillo comenta que mantuvo conversaciones con la Presidenta, para que este proyecto y otros dos más que ella presentó de la misma área, sean trabajados con rapidez. Señala:  “Esperamos que esta ley, más las otras iniciativas que ya están al tanto, puedan salir prontamente del Senado donde se nos genera una especie de cuello de botella con muchos proyectos que nosotres despachamos de la cámara y que después quedan ahí, durmiendo”.

En caso de que el proyecto se apruebe, queda esperar saber cómo será implementado por las instituciones correspondientes y cómo afectará a la irresponsabilidad de los padres deudores de pensiones alimenticias.

Tanto Sepúlveda como Guerrero deberán seguir su trabajo por lo que consideran justo y han tenido que luchar arduamente para cumplir con las necesidades básicas de sus hijes, sea con ayuda del Estado o no. “Le está quitando el alimento a su hijo de forma mensual. Su alimento, ropa, colegio, todo lo que implica. Y es una lucha que tiene conmigo, no con el hijo”, comenta Sepúlveda.

Amanda González

Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile

Simone Da Silva

Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile