Parecen vivir en constante peligro. Ese es el panorama que han enfrentado decenas de reporteros en los últimos meses en medio de la cobertura del plebiscito. Estas son las historias de quienes intentan informar en un contexto que amenaza la libertad de expresión.

 

Javier Castro reporteaba desde el centro de Maipú cuando fue detenido por Carabineros. Realizaba una transmisión en vivo para el medio local en el que trabaja, La Voz de Maipú. Se conmemoraba el aniversario del 18 de octubre. Portaba sus credenciales de reportero y el salvoconducto pertinente. Pero eso, poco importó. Solo horas después sería liberado de la Comisaría 25 de Maipú.

Poco antes de las ocho de la noche su medio subió un video en el que se puede ver a Javier contando su experiencia. El reportero gráfico explicó en la grabación cómo ocurrieron los accidentes. Entre gritos le presionaron para subir a un carro policial. (Su relato lo puedes revisar aquí).

Su historia es solo una entre un cúmulo de relatos similares, pero que convergen en un punto: la vulneración a la libertad de expresión. Los une, además, un lazo invisible: ser medios independientes, sin los recursos para protegerse ante estos eventos. El Observatorio del Derecho a la Comunicación informó que en esa misma jornada otros dos reporteros fueron detenidos. Otros tres periodistas fueron agredidos y dos, amenazados.

La lista, sin embargo, es solo una página más entre decenas de historias de periodistas agredidos o coartados mientras realizaban su trabajo. Muchos de ellos, por lo demás, sin entender qué acciones llevar a cabo o cómo denunciar, en contextos difusos, poco claros sobre cómo proceder.

 

Una lista incompleta

El abogado Javier García es uno de los fundadores del Observatorio del Derecho a la Comunicación y manifesta su preocupación sobre la persecución a los medios desde octubre del año pasado. En conversación con Doble Espacio, comenta las complicaciones que ha tenido ese proceso de recolectar relatos: el año pasado recogieron casi 200 casos de agresiones a periodistas.

“Lo que me sorprendió es el poco eco que tuvieron estas agresiones a la prensa”, comenta Javier, quien compara la situación con Estados Unidos y Bielorrusia, donde los mismos hechos, dice él, tienen una mayor repercusión. “El número de casos es muy alto. En cualquier otro país esto hubiera sido un asunto de relevancia mundial”, dice Javier, afectado por la situación.

Javier García, Fundador del Observatorio del Derecho a la Comunicación

             Desde el 18 de octubre del año pasado no ha sido fácil para el Observatorio controlar el número de agresiones. Por medio de distintos informes han ido actualizando una información que pasa desapercibida. “Desde el principio hemos estado documentando y compartiendo casos. Sobre todo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dice García.

Lo complejo no acaba allí. Muchos, por distintas razones, nunca denuncian las agresiones o, directamente, los ataques. “Lo que tenemos es un subregistro. Es generalizado que los periodistas comentan sufrir casos de violencia. Incluso varios dentro de una misma marcha sin reportar una sola. Podríamos hacer una estimación de que los casos fueron cinco veces más de lo que nosotros sabemos. Estamos hablando de que, a lo mejor, hubo un número de ataques que podría estar cerca del millar”, concluye.

El 18 de octubre los problemas se desbordaron. En todo el país se vivieron distintas protestas conmemorando el aniversario de la revuelta. Tanto el Colegio de Periodistas como el Observatorio dieron cuenta de distintos casos de agresiones a reporteros. Con motivos muy variados entre sí. Sin embargo, una línea los cruzaba: su independencia.

“Son ataques dirigidos. Durante el estallido hubo un uso indiscriminado de balines y escopetas antidisturbios, pero también disparos específicos a prensa y fotógrafos. Esto lo constatamos. Nos decían que estaban solos, sin nadie alrededor y que les apuntaban y les disparaban. Hay una intencionalidad en muchos casos. Lo mismo con las detenciones”, reflexiona García.

 

Un trabajo constante

Danilo Ahumada es uno de los afectados por agresiones durante la cobertura del pasado 18 de octubre. Presidente del Consejo Regional Valparaiso del Colegio de Periodistas, habló con Doble Espacio sobre el trabajo que ha realizado la institución: “Desde el 18-O percibimos que hay una vulneración del ejercicio profesional no solamente a periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos, sino de la libertad de expresión. Entregamos varios informes cuando vinieron algunas organizaciones de Derechos Humanos o a la Organización de Naciones Unidas (ONU)”.

Danilo es enfático, al igual que Javier García, en que este no es un problema de represión deslocalizada. “Si bien hay una agresión permanente de carabineros, el chorro de los carros lanza agua son muchas veces directos a la prensa. Eso no se puede naturalizar. En las manifestaciones del 1 de mayo también pasó lo mismo. Hubo una acción dirigida hacia dirigentes sociales y hacia la prensa”.

Hoy Danilo está en un proceso de querella por parte de la intendencia de Valparaíso por participar en manifestaciones. “Por el tema de la pandemia no hemos podido avanzar en el proceso. Mi detención se declaró ilegal al día siguiente por la jueza. Sin embargo, igual se inició la formalización por desórdenes graves e infringir el protocolo del covid-19”, dice preocupado.

Consultado por Doble Espacio sobre si la violencia es algo que afecta en su mayoría a la prensa más pequeña, Ahumada cree que existe una diferencia. “Los medios suelen trabajar juntos, apiñados. Es más difícil que las fuerzas especiales actúen frente a la prensa tradicional. La misma ciudadanía ha generado un recelo con la prensa que hace que estos no estén muy incorporados, lo que hace que muchos registros sean de medios independientes con simpatía al movimiento social. Se mezclan con manifestantes y eso los hace quedar más expuestos. Nadie anda con petos que informen que son medios de comunicación independientes. Rastrear eso es complejo”.

Sobre esta materia, el abogado y profesor del Instituto de Derecho Público de la Universidad Austral, Cristobal Balboltín, señala que es una afectación al derecho de libertad de expresión, aunque pone énfasis en que no lo es de una forma explícita. “Nadie va a dudar que este tipo de situaciones van a estar afectando la libertad de expresión en tanto derecho humano, como está consagrado en tratados de ese tipo. El Estado de Chile, para no verse condenado a nivel internacional, adopta todas las medidas para restablecer rápidamente la situación. Eso significa restablecer la libertad de esos periodistas”.

Danilo Ahumada.

En la misma línea, Balbontín destaca las acciones que otorga la ley en este tipo de casos. “Se tiene que ventilar la posibilidad de interponer una querella por detención ilegal en contra de Carabineros. Además, no creo que sea imprudente, dentro de los plazos que establece la constitución, deducir un recurso de protección con el fin de que se haga ver, ante las autoridades, que el protocolo de detención de la policía se deba ajustar al respeto de la actividad que desempeñan los periodistas”.

 

Las amenazas olvidadas

Cinco casas distintas, cinco panfletos distintos, el mismo día y, según las inferencias de los afectados, al mismo horario. Así se dieron las amenazas que periodistas y comunicadores sociales encontraron en sus domicilios la mañana del viernes 16 de octubre, dos días antes de la conmemoración del inicio del 18-0.

Entre los afectados se encuentran la periodista y profesora universitaria, Carolina Trejo; la colaboradora de Radio 1 de Mayo, Mónica Pizarro; y los comunicadores de la Radio Plaza de la Dignidad, Juan Guillermo, Claudio Salinas y Marcelo Osses, sumado a la médica Carla Paz Pellegrin Friedmann y su hijo, el médico Roberto Bermúdez, quienes encontraron los folletos en las cercanías de sus lugares de trabajo.

En los papeles arrojados a las casas de los y las comunicadoras se leían sus direcciones particulares y datos personales, acompañado de los “cargos” que les imputaban por “traición a la patria” al ser miembros de medios que apoyan las manifestaciones sociales. La firma que los acompañaba era “la araña”, símbolo del grupo de extrema derecha, Patria y Libertad, todo esto coronado con la amenaza: “Patriotas, ya saben cómo cumplir su deber”.

Panfletos encontrados por los afectados

Si bien este movimiento paramilitar se disolvió formalmente después del golpe de Estado de Augusto Pinochet, tras el 18 de octubre de 2019 se han registrado distintas acciones autoatribuidas a “la araña”, como cuando Universidad Autónoma TV consignó el rayado del centro cultural de Loncoche y amenazas a seis personas de la comuna, o los rayados a dos memoriales de detenidos desaparecidos ubicados en La Serena y Osorno, como informó El Desconcierto.

A través de un comunicado de prensa, la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) expresó su “rechazo e indignación ante las amenazas que han sido objeto profesionales, en particular Carolina Trejo. (…) Este tipo de hechos resultan inadmisibles en una democracia y atentan contra el libe ejercicio de la prensa a informar y estar informado”.

Para Marcelo Osses, miembro del equipo de dirección de la Radio Plaza de la Dignidad, los comunicadores tampoco tienen muchas opciones. Osses comentó a Doble Espacio que andan con más cuidado, “pero no queremos pedirle a la institucionalidad que nos proteja. Le tenemos más miedo a los pacos que a la gente”, afirmó. Y es que precisamente parte del problema es la falta de querellas o de recursos de amparo presentados, donde hasta la fecha, sólo el Colegio Médico presentó una en favor de sus colegiados, mientras que el Colegio de Periodistas espera presentar otra en los próximos días en nombre de Carolina Trejo.

Sobre este último gremio, Osses relató que “se ofrecieron a auspiciarnos de alguna manera, pero nosotros entendemos que a quien le corresponde realmente es a Carolina ya que ella tiene la calidad de periodista. En el caso de los demás, y agradeciendo esa opción, preferimos presentarla con abogados particulares como un trámite para que quede constancia simplemente. Visibilización más que nada”.

Para Javier García este es parte del problema, pues ve que “se suelen minimizar las amenazas y las agresiones. En muchos casos no se denuncian ni se presentan querellas y sólo lo notifican al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), pero como tienen muchos casos, sólo algunos los judicializan y otros no.  Pero los tribunales tampoco los toman en cuenta, por lo que están teniendo una actitud muy pasiva respecto a lo que está pasando”. Esto, sumado a que los propios diarios y canales tradicionales “no consideran como medios al resto de reporteros que están trabajando, salvo cuando les van a robar imágenes”, agregó el fundador del Observatorio.

Pero a pesar de que la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago  emitieron en conjunto un comunicado en la misma línea que el Colegio de Periodistas, donde afirman que estas acciones “vulneran el derecho a la Comunicación, al ejercicio de la Prensa y también la libertad a la información”, la falta de acciones formales parece ser una traba para que estos hagan eco en la prensa tradicional. García, en esta línea, dice que “en cualquier otro país esto ya hubiera sido un asunto de relevancia mundial”.

El abogado Cristobal Balboltín, experto en derecho a la comunicación y libertad de expresión, explica que esta materia, en términos legales, depende del carácter de las amenazas. “Si el hostigamiento ocurrió con motivo del ejercicio de la labor periodística, es decir, con motivo de la función investigativa, tenemos una afectación al derecho de investigar. Sin embargo, esta dimensión del derecho a la libertad de expresión no está cautelada por la constitución. Distinto es si el hostigamiento se produjo con motivo de la difusión de la información. La Constitución consagra una dimensión de la libertad de expresión que se refiere no solamente al derecho a manifestar cualquier opinión, sin que a comunicar información”.

Esto, señalado en el artículo 19 N°12, señala la “libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma o por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley”.

En torno a qué acciones legales pueden tomarse por parte de los afectados a raíz de las amenazas, Balbontín señala que: “Ese tipo de conductas están tipificadas al interior de figuras generales que corresponden a delitos. No a formas especiales de protección de la libertad de expresión. Se pueden realizar querellas o interponer denuncias por el delito de amenazas como lo podría hacer cualquier ciudadano”.

El abogado concluye que pese a todas las restricciones que puedan existir en un país que se encuentra en Estado de catástrofe, es imperioso pensar en la libertad de expresión como un elemento clave. “En una sociedad democrática la libertad de expresión es una de las libertades más valiosas que existe. Si no la más valiosa. Cualquier restricción de las libertades individuales debe ser siempre proporcional a las circunstancias y siempre velando por la restricción mínima posible respecto a aquellas libertades especialmente valiosas desde un punto de vista democrático”.

 

 

 

Aleister Quezada

Estudiante de Periodismo, Universidad de Chile.

José Ignacio Araya

Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile