De larga carrera dentro del Servicio de Impuestos Internos (SII), el ingeniero civil debió dejar la presidencia salpicado por el caso Soquimich (SQM) y presiones por parte del Gobierno de entonces. Hoy, alejado de la institución, el experto tributarista conversa con Doble Espacio sobre el complejo escenario que vive la institución tras la aparición de irregularidades en torno al bono clase media y las dificultades de condenar a grandes evasores como Ponce Lerou.

La noticia cayó sobre cientos de chilenos y chilenas mientras otros temas golpeaban la mesa. Más de 400 mil personas habían obtenido el Bono Clase Media declarando un monto menor al real de sus ingresos. La ley emblema del Gobierno para combatir la crisis económica derivada de la pandemia volvía al centro de la discusión por razones que nadie presupuestó.

La institución encargada del proceso fue el Servicio de Impuestos Internos (SII), quienes informaron que cerca de 437.703 trabajadores no cumplían el requisito legal de haber sufrido disminuciones en un 30% o más sus ingresos respecto a 2019.

El SII decidió investigar qué procedimientos llevar a cabo con el fin de recuperar los ingresos que, según informó Pulso, ascienden a US$256 millones. Por el otro lado, en el congreso el senador Francisco Huenchumilla (DC) presentó un proyecto que busca generar un gran “perdonazo” a quienes se vieron beneficiados con el Bono Clase Media.

Todo esto es para Michel Jorratt, director del SII entre 2014 y 2015, una materia delicada: la misma semana en que la noticia colmó los medios, la Corte Suprema anunció una rebaja de sanciones económicas para Julio Ponce Lerou por el Caso Cascadas (decisión ajena a las facultades del SII).

Ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y actual consultor de Jorratt y Asociados, dedicada a asesorías tributarias, el exdirector conversa con Doble Espacio sobre el difícil momento del SII, teniendo en cuenta el historial de “perdonazos” durante la década pasada en favor de grandes evasores.

¿No es poco ética la persecución a quienes cometieron actos irregulares en torno al bono clase media cuando la Corte Suprema anuncia la rebaja de la sanción económica en contra de Ponce Lerou de 62 millones de dólares a 3,3 millones?

La tarea del director y los directivos del SII es aplicar la ley,  no más. A veces se entienden mal las cosas. Lo que pasó en el tribunal de justicia se confunde con las tareas del SII. Sin embargo, es super injusto que a una persona le pidan devolver 100 mil pesos siendo que efectivamente los necesitaba. Pero al servicio no le queda otra que aplicar la ley. El problema es que no se les aplica a todos por igual.

Es lo que pareciera estar ocurriendo…

A mí me sorprende que haya más de 400 mil casos. Yo creo que antes de haber tirado esa cifra debió revisarse bien de qué se trataban. No me puedo convencer de que haya 400 mil personas que quisieron hacer un fraude. Pudo haber gente que legítimamente pensó que tenía derecho y a lo mejor el empleador le pagó sus cotizaciones, pero no el sueldo. Yo habría sido más cauto en llegar y tirar esa cifra en la prensa.

¿Qué solución ve?

Yo creo que hay que segmentar un poco. Separar la gente que pensó que tenía derecho al bono de la que, a sabiendas que no lo tenía, intentó usar este sistema. La misma ley que creó el bono establece sanciones. No necesariamente hay que querellarse contra todo el mundo.

¿No queda una imagen de que el SII persigue a las personas por el bono clase media y no a millonarios que evaden (más allá de que lo segundo dependa finalmente de los tribunales)?

Evidentemente puede afectar la imagen. Pero insisto, puede ser con justicia, no es necesario irse contra todo el mundo. El servicio no puede dejar de hacer lo que debería hacer para compensar lo que otra entidad, que no es el SII, no hizo lo que la gente esperaba. Hay un dilema ahí. Debe distinguirse al SII, la tesorería, la aduana, el Estado. Es complejo, pero tampoco se puede caer en un perdonazo para mejorar la imagen. No es lo correcto.

Nivelar la distribución del ingreso

Jorratt arribó al SII en 1991 cuando Javier Etcheverry era presidente. En 1999 se convirtió en el jefe del Departamento de Estudios, cargo que ejerció hasta 2007. Durante los siguientes años fue un promotor de la baja del IVA y un alza de impuestos al decil más rico. A través de distintas investigaciones planteó la necesidad de tributar en este camino.

Sus propuestas fueron incluidas dentro de la reforma tributaria impulsada por Michelle Bachelet. Fue uno de sus principales técnicos y diseñadores. Asumió la presidencia del SII en 2014, cargo que debió dejar por la vinculación de su nombre al Caso SQM, por haber prestado asesorías a una empresa relacionada a Giorgio Martelli, relevante operador del PPD vinculado a SQM. A raíz de diversas presiones por parte del Gobierno, que Jorratt confesó fueron relevantes para no continuar con querellas del SII en contra de SQM (que finalmente sí se querellaría), se le pidió su renuncia el 18 de mayo de 2015.

Desde entonces Jorratt ha permanecido ligado al mundo tributario, como consultor o investigador. Actualmente enseña en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Y no deja de seguir la actualidad del SII, entidad relevante para la distribución del ingreso nacional.

¿Qué rol social cumple el SII en la lucha por una mejor distribución del ingreso?

Combatiendo la evasión, que está concentrada en los sectores de altos ingresos. Si el SII cumple bien su labor de reducirla, entonces va a colaborar en mejorar la progresividad de los impuestos y, por lo tanto, la distribución. El SII no tiene capacidad de decidir en política tributaria, eso lo define el Ministerio de Hacienda a través de la reforma tributaria.

Según cifras recolectadas por Juan Andrés Guzmán y Jorge Rojas en su libro Empresarios zombis, el exdirector Juan Toro, a través de querellas, logró recuperar 25 millones de pesos mientras que Ricardo Escobar, quien era más dado a acuerdos administrativos, en un periodo más extenso, solo logró recuperar 8 millones. ¿Qué significan las pérdidas que tiene el SII por las decisiones de condenar millonarias deudas a empresarios que eludieron impuestos? 

La pérdida está porque cuando llegas a acuerdos no está el efecto disuasivo. Esas cifras se recaudaron en casos particulares. Muchas veces el servicio que el SII se querelle y llegue hasta el final es lo que permite que la tasa de evasión caiga. Lo que recaudas en esas dos o tres fiscalizaciones donde te querellaste son marginales al lado del total que recolectas.

¿El SII convive con estas pérdidas?

Es una lucha permanente. Cuando se descubren figuras que realizan esto se van modificando las leyes. Por ejemplo, cuando ocurrió lo de las empresas zombis se realizó una ley el año 2002 en que se modificó el uso de pérdidas de las empresas. En la reforma tributaria de 2014 hubo otra modificación. Ahora tú no puedes, si tienes pérdidas, recuperar los impuestos que pagaste antes. Pero cierras eso y abres otra puerta. Permanentemente la ley se está corrigiendo mientras que los contribuyentes encuentran nuevos espacios.

Existen dos formas de enfrentar los delitos tributarios: la penal (la persecución judicial) y la administrativa, sellando acuerdos particulares con los contribuyentes. ¿Qué ventajas tiene cada una? ¿Por qué en muchas resoluciones frente a grandes fortunas se decide pactar?

Es necesario precisar que los casos de potencial querella son una pequeña parte del conjunto de fiscalizaciones y sanciones que aplica el SII. No todos los incumplimientos tributarios constituyen delitos, por lo que hay un gran porcentaje de casos en donde no se presentan querellas, porque no es posible hacerlo. Frente a un delito tributario la decisión de ir por la vía penal o administrativa la toma el director del SII.

¿Qué sentido tiene la vía administrativa?

Algunos toman esa vía argumentando que aseguran una recaudación para el fisco. La vía penal puede demorar mucho y no es seguro el éxito. Yo no comparto esa política, pues lo relevante de la acción fiscalizadora no es cuánto se recauda en una auditoría, sino el efecto disuasivo que logra en el resto de los contribuyentes. El camino correcto es aplicar todas las sanciones que permite la ley y divulgar lo que se hace, para lograr ese efecto.

¿Qué relación tiene el SII con grandes empresarios?

Yo diría que no hay relación. Las fiscalizaciones son bastante automáticas. La relación del servicio es con los asesores tributarios. Lo que sí se ha hecho son unos convenios de colaboración con estos sectores económicos.

¿Qué significan esos convenios en la práctica?

Hay un compromiso de distintos sectores representados por algún gremio para colaborar y aportar determinada información de sus estados. No los conozco en el detalle. Apuntan a mejorar la relación con los contribuyentes, pero también a mejorar el cumplimiento tributario. Para el servicio son todos contribuyentes. No porque una persona tenga muchos recursos va a tener un trato especial. La idea es que no sea así.

¿Qué opina de los acuerdos cerrados por la vía administrativa en donde se terminan pagando montos ínfimos en relación al original?

Es nefasto para combatir el incumplimiento tributario. Las condonaciones tipo Caso Johnson’s yo entiendo que están bastante más regulados dentro del SII. Ahora está la discusión por el caso de Ponce Lerou, pero eso está al margen del servicio.

A cinco años de su salida del SII, ¿cómo ha evolucionado la institución y qué cambios debieran hacerse en torno a su independencia?

Para los exdirectores no es fácil dar opiniones sobre este tema jaja. Podría evaluarse que tuviera mayor independencia, autónoma, al estilo Banco Central a lo mejor para evitar intervenciones. A mí me preocupa el tema de la evasión tributaria que es alta desde hace muchos años. El SII no tiene herramientas que en otros países existen. Por ejemplo acá el SII no tiene acceso a información bancaria, o sea, que se levante el secreto. Eso permite combatir mucho más eficientemente la evasión.

¿Cómo ha progresado la institución a partir de leyes que han surgido sobre el SII?

No ha habido muchos avances desde 2014. La reforma del 2018 fue, ‘cambiemos todo para que todo quede igual’. En el fondo, hay menor carga tributaria. Tampoco una modernización de la aduana. La administración tributaria en general no ha tenido grandes avances. Ese es un cambio que hay que hacer en miras de aumentar la carga.

Aleister Quezada

Periodista de la Universidad de Chile.