El investigador del CEP estima que un mayor crecimiento el próximo año no está asgurado, dado al riesgo de retrocesos en el combate al coronavirus. Asimismo, observa que los más afectados son el sector servicios y los trabajadores informales.
La pandemia por el Covid-19 ha frenado la economía con fuerza a partir de marzo. A nivel mundial, se espera un crecimiento de -4,9 % en 2020 y un aumento de 10,3 % para 2021, según el FMI. A nivel nacional, en tanto, el efecto es mayor debido al estallido social, que ya hacía prever una disminución en el PIB, todo lo cual se vio acentuado por la pandemia.
Según Álvaro Cordero, investigador asistente del Centro de Estudios Públicos (CEP), magíster en economía y coautor del informe “Política y sostenibilidad fiscal en tiempos de COVID-19: El caso de Chile”, el Banco Central espera una recuperación sólida el próximo año, en el que la economía chilena crecería entre un 4 y un 5 por ciento (…), “pero está rodeada de mucha incertidumbre debido a la posibilidad de rebrotes”. Frente a lo anterior, plantea que “las cifras se acercan a lo que vivimos en la crisis de 1982”.
¿Qué puede esperarse a corto y a largo plazo de la economía chilena?
En el corto plazo, se observa un cambio de tendencia en el margen. Es decir, las caídas de la actividad, de la producción industrial y manufacturera, las ventas de retail, entre otras, son cada vez menores. Seguimos bastante lejos de los niveles del año pasado o previos a la pandemia; es decir, son cambios muy recientes, por lo que es muy temprano para hablar de una recuperación. De todas formas, la mayor contención del virus, por el momento, permite mayores aperturas y va a derivar en mejores cifras económicas en los próximos meses. Además, destaca la reducción en la caída esperada de la actividad para este año en el último Informe de Política Monetaria (IPOM) y las cifras robustas de crecimiento proyectadas para el próximo. Si el coronavirus se mantiene contenido y la economía soltándose, tendremos una recuperación rápida en el corto plazo, aunque todavía por debajo de los niveles previos al shock. Sin embargo, un rebrote dificultaría considerablemente la reactivación, como ha sido el caso de algunos países en Europa.
En el mediano y largo plazo, junto con los grandes desafíos sanitarios, el gran tema socioeconómico será el empleo. Los niveles de desocupación nacional que hemos observado en la encuesta del INE están sobre los dos dígitos desde mayo y en 13,1 por ciento en julio, cifras muy lejanas de los valores de los últimos años (entre el 6 y 8 por ciento). Y estos resultados subestimarían la realidad social, ya que no consideran a las personas que perdieron su empleo y dejaron de buscar uno por los efectos de la pandemia, lo que es un aspecto relevante. Este tema es un desafío mayor y urgente por dos motivos: primero, porque deriva en una situación muy dura para miles de chilenos, y segundo, porque el empleo ha mostrado en otras crisis que tarda más que el resto de las variables económicas en recuperar niveles previos a la crisis.
¿Qué medidas debería seguir el Gobierno para evitar una recesión? ¿O ya no es evitable?
Una recesión técnica se produce cuando el crecimiento económico es negativo durante dos trimestres consecutivos. A estas alturas se ve muy difícil evitarlo, por mucho que el Gobierno lo intente. Lo importante es pensar hacia adelante: cómo hacemos que el despegue sea lo más rápido posible y que llegue a quienes hoy lo están pasando peor.
¿Qué puede hacerse con el presupuesto de los hospitales, en función de lo ocurrido con la pandemia, para evitar su colapso? ¿Qué piensa de un reenfoque del gasto público?
En materia de gasto en salud, hubo una respuesta rápida debido a la inyección de recursos y la adquisición de mayor equipamiento médico. Creo que el desafío pendiente apunta a la modernización de nuestros sistemas de salud, avanzando en la telemedicina como alternativa para descongestionar algunos servicios, a la vez que replanteamos el sistema de salud pública para entregar atención de calidad a todos los chilenos.
Tenemos una oportunidad única de pensar en cómo estamos gastando como Estado de Chile: si los recursos están llegando a quienes más lo necesitan y si lo hacemos de forma eficiente y justa. La propuesta del ministro [Ignacio] Briones del Presupuesto de Base Cero (que corresponde a cuestionar todos los usos que le damos a los recursos públicos) es un primer paso para trabajar en esa dirección.
Además, tenemos que replantearnos el funcionamiento de un Estado que ha demostrado no estar a la altura de los desafíos y exigencias de hoy. Una reforma y una modernización del Estado que permitan una acción más ágil y resultados de calidad son urgentes; y puede ser un paso muy importante para volver a validar a nuestro Estado frente a la ciudadanía.
¿Qué se espera de la macroeconomía chilena para el próximo año? ¿Qué tan difícil es establecerlo cuando se asume que el virus seguirá presente?
El Banco Central espera una recuperación sólida el próximo año, en el que la economía chilena crecería entre un 4 y un 5 por ciento. Estas cifras de crecimiento son esperables porque este año va a ser malo, pero están rodeadas de mucha incertidumbre debido a la posibilidad de rebrotes. Estos, como muestra la experiencia de algunos países europeos, pueden estancar la recuperación y provocar nuevas caídas. Algunos países siguen mostrando recuperaciones económicas robustas, controlando de forma eficaz nuevas expansiones del virus. Para reducir la incertidumbre, es de mucha ayuda que los proyectos de reactivación económica avancen de manera expedita y con altos niveles de acuerdo en el Parlamento. Entre antes se comiencen a aplicar, mayor será su efecto en la recuperación.
¿Qué puede hacer el sector público y el privado para frenar los efectos negativos en la macroeconomía por eventuales rebrotes?
El sector privado debe jugar un rol protagónico volviendo a contratar y a invertir. Para ello, se deben generar espacios de cooperación y apoyo entre las empresas y el Estado para que estas puedan mantenerse con vida hasta que la demanda se recupere. También, de deben mejorar los apoyos a las familias, con la preocupación de que estos lleguen a los beneficiarios. Esta debe seguir siendo una prioridad de la política pública y debe ir acompañada de un plan robusto de reactivación del empleo, que será largamente afectado y que es esencial para la seguridad social de las personas. A la vez, una aprobación y ejecución expedita de las medidas de reactivación acordadas entre el Gobierno y la oposición será una base relevante para impulsar la recuperación.
¿A quiénes está afectando con más fuerza los efectos del coronavirus?
El impacto de la pandemia, en términos económicos, sanitarios y humanos, ha sido de magnitudes gigantescas. En el mundo no se observaban estas caídas del Producto Interno Bruto (PIB) desde la Gran Depresión de 1929. En el caso chileno, las cifras se acercan a lo que vivimos en la crisis de 1982. Sin embargo, se espera una recuperación considerablemente más rápida que en los casos mencionados.
Los efectos de la crisis se concentran particularmente en algunos sectores económicos y en algunas categorías de empleo. En cuanto a lo primero, los sectores más golpeados son los servicios (restaurantes, hoteles, servicios personales), la vivienda y la construcción. En cuanto a las categorías de ocupación más afectadas, según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), destacan el personal de servicio, los trabajadores por cuenta propia y los que se encuentran en situación de informalidad: la caída anual de estos va entre el 30 y el 48 por ciento. Hoy, los grupos más complicados corresponden a personas independientes y a quienes se ganaban su sustento en la calle.
¿Qué medidas considera las más adecuadas para resguardar los ingresos de los grupos más afectados? ¿Cómo evalúa la respuesta del Gobierno ante la emergencia?
Creo que el seguro de cesantía, si bien no ha sido suficiente y terminó siendo complementario, ha mostrado ser una fuente de recursos relevante para hacer frente a la crisis. Respecto de los apoyos del Estado, la idea de focalizarlos por grupo ocupacional o actividad económica me pareció, en principio, correcta: cada grupo vivió complejidades en momentos, a escalas y de tipos diferentes. También creo que la focalización es siempre un principio que debe estar tras el uso de recursos públicos, porque sabemos que son limitados y debemos partir por quienes más lo necesitan.
A la vez, considero que hay cosas que, desde la cómoda posición de opinar después de que las decisiones se tomaron y con la posibilidad de ver sus consecuencias, pudieron hacerse mejor. Primero, ante la falta de instrumentos robustos de focalización (aquí destaco el bajo nivel de cobertura y actualización del Registro Social de Hogares en algunas comunas, problema que es responsabilidad de todo el espectro político y de más de un gobierno) y de estructuras eficientes de traspaso, para experiencias futuras se debiera considerar reducir en algún grado los requisitos para acceder a los beneficios, en pos de una entrega más rápida de la ayuda. A pesar de que la focalización es muy relevante, se puede reducir en algún grado para incrementar la celeridad.
Segundo, ante la dificultad de prever la extensión de la crisis, me parecen más adecuados esquemas flexibles, más extensos y robustos. Por último, para enfrentar la crisis es una buena idea establecer un marco fiscal de recursos flexible y con acuerdo transversal, como se hizo, aunque algo tarde. Y si bien este debe ser responsable, creo que conviene pasarse que quedarse corto.
Con todo, cabe mencionar que el esfuerzo fiscal para enfrentar la pandemia es considerablemente grande, de niveles históricos. Y el tamaño del paquete de medidas, como porcentaje del PIB, es superior, al menos hasta las últimas cifras, al de los países de Sudamérica, e incluso al de algunos países desarrollados.
¿Qué efectos está teniendo el retiro del 10% de los fondos de las AFP? ¿Qué tan distinto es de lo que se preveía?
El retiro del 10% está teniendo un efecto importante en la demanda interna y en el consumo. La recuperación en las ventas del comercio dan cuenta de un impacto considerable. Sin embargo, creo que es importante rescatar que no todo son buenas noticias pues esto ha traído algunos efectos negativos, varios de ellos rescatados en el último IPOM del Banco Central: desacople de la bolsa de valores de Chile respecto de otras economías emergentes, con caídas relevantes alrededor de la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados; incremento en las tasas de interés de los bonos soberanos; y mayores presiones financieras en los mercados por varias semanas (tanto así, que el Banco Central debió hacer un plan especial para contenerlas).
Por último, la forma en que se llevó el debate en la práctica fue un factor relevante a considerar por parte de Moody’s, una calificadora de riesgo de países a nivel internacional, en su decisión de bajar la perspectiva de Chile (paso previo a bajar la nota crediticia). Otro aspecto negativo es la caída de la inversión por el movimiento de los fondos desde activos a consumo. Este incremento en la actividad proveniente del 10% es de corto plazo y no deriva en generar bases para incrementar el crecimiento futuro. Por último, está la mala noticia en la caída de las pensiones de las personas en el futuro.
¿Qué efectos podría tener un segundo retiro, como se ha promovido desde el Legislativo?
Creo que el nivel de necesidad de miles de chilenos ha sido altísimo, pero es importante buscar herramientas y planes específicos de apoyo y no hipotecar las pensiones futuras utilizando los ahorros previsionales, lo que se aplica también a los posibles nuevos retiros. Respecto de eso último, es importante destacar que el proyecto recién aprobado dejó a miles de familias sin ahorros previsionales, por lo que un segundo retiro estaría más concentrado en personas de mayores recursos.
Javiera Iturra
Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile
