Tras la muerte de sacerdotes acusados de abuso, como Francisco José Cox, Bernardino Piñera y Diego Ossa, se han generado cuestionamientos a los avances que han tenido las denuncias desde el comienzo de la pandemia. En Doble Espacio revisamos el estado de los procesos: una lucha en tiempos excepcionales.
La noticia surgió tras un comunicado público. El exarzobispo de La Serena Francisco José Cox había fallecido a los 86 años “a causa de una insuficiencia respiratoria y falla multisistémica”, informaron los Padres de Schoenstatt.
Cox fue investigado por casos de abuso sexual. La primera acusación se formuló en 2002, cuando Hernán Godoy Ángel denunció públicamente al religioso. En 2018, Godoy declaró a The Clinic sus motivaciones para hablar: “Hago esto para que nadie más pase por lo que yo pasé, y para que más personas se animen a contar lo que vivieron en La Serena”.
Los denunciantes comenzaron, poco a poco, a sumarse a la voz de Godoy. Varios de ellos hablarían públicamente del tema. Sin embargo, Cox se retiraría a Alemania, donde, en un hogar de los Padres de Schoenstatt, viviría gran parte de sus últimos años, antes de volver a Chile. En 2018, el Papa Francisco desligó al clérigo de la institución. En su comunicado, Schoenstatt afirmó que “cualquier situación de abuso atenta contra nuestra misión”.
Si bien Cox fue expulsado del estado clerical tras una investigación de la justicia eclesiástica, el exarzobispo no enfrentó a la justicia. Ante la impunidad, Hernán Godoy habló con el Diario El Día tras conocerse la muerte de Cox: “Fue como un golpe a tierra, tengo mucha rabia, mucha pena”.
La abogada Josefina Gutiérrez, representante de Godoy, manifestó a Doble Espacio que, como parte querellante, veían venir el fallecimiento de Cox, pues este había presentado licencias procesales por razones de salud. Pero también esperaban un proceso más eficiente. “El fallecimiento y la poca eficacia de las investigaciones genera una sensación de impunidad”, comenta Gutiérrez.
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Tras el fallecimiento, la defensa de Cox solicitó el sobreseimiento definitivo. Ante esto, la intención de la parte querellante es que se termine la investigación en curso. Las querellas presentadas, explica la abogada, se dirigen en contra de Cox y de todos quienes sean responsables. “Por lo tanto, hay legitimidad para investigar al resto. Si se llegara a decretar en ese momento el sobreseimiento de Cox, nuestra posición implicaría que este sobreseimiento sea solo respecto de Cox y no del resto de las personas investigadas”.
Gutiérrez agrega que la venida de Charles Scicluna y Jordi Bartomeu –enviados del Papa Francisco para investigar el caso-, en junio del 2018, fue una esperanza para los denunciantes de abuso eclesiástico, pero esto no implicó un cambio positivo para las investigaciones eclesiásticas, ni entregó las respuestas esperaban las víctimas. La abogada dice que no ha habido un cambio, pues “son muchas las denuncias presentadas, ninguna respuesta y pocos los avances. Son pocos los procesos que han llegado a término y se sigue sin informar a los denunciantes, que era una de las prácticas por la cual se había reclamado”.
Como Francisco José Cox, hay otros sacerdotes enjuiciados por abuso sexual o encubrimiento que han fallecido en los últimos meses. En Doble Espacio revisamos estos casos y la dificultades envueltas en las persecuciones judiciales.
La presión en tiempos de encierro
Juan Pablo Hermosilla es uno de los nombres más reconocidos en la batalla legal contra sacerdotes acusados por abuso dentro de la Iglesia: fue el representante de James Hamilton, José Andrés Murillo y Juan Carlos Cruz contra Fernando Karadima. Abogado de la Universidad Católica, donde ha ejercido la docencia, es también uno de los directores de la Fundación Para la Confianza, fundada en 2010 por Hamilton, Cruz y Murillo.
En conversación con Doble Espacio, el abogado cuenta las dificultades surgidas tras el inicio de la pandemia para investigar los distintos casos en contra de religiosos acusados por abuso. “Las causas se han movido a una velocidad mínima, casi paralizada desde abril. Tengo la impresión de que es por la pandemia y, además, que al Estado, la policía, el Ministerio Público y a los jueces les cuesta ir contra los poderosos. Cada vez que hay imputados poderosos, la justicia se incomoda, lo que revela un poco el ADN del sistema de justicia chileno”, comenta.
Hermosilla, igualmente, aborda las implicancias de la muerte de religiosos acusados de abuso: “Las causas son multidimensionales. Hay una reconstrucción histórica para determinar si los hechos ocurrieron; una segunda dimensión para determinar las responsabilidades individuales, que obviamente se verán afectadas por la muerte de las personas; pero hay una tercera, que es la determinación de las responsabilidades institucionales. Puede haber fallecido Cox, pero se debe seguir investigando para determinar la gravedad y extensión del crimen”.
Esto se condice con las palabras de Josefina Gutiérrez, la abogada de Hernán Godoy: “La investigación en relación a estos casos es muy reparadora para las víctimas. Es el único medio para mantener una verdad histórica. Por otro lado, nuestras querellas no son solo contra Cox, sino contra todo quien resulte responsable como cómplice o encubridor de estos delitos. Es fundamental investigar a quienes puedan tener responsabilidad criminal por hechos relacionados con los abusos cometidos por Cox”.
Hermosilla añade que el Estado no está poniendo de su parte en esta lucha contra el abuso eclesiástico. “En todos estos casos, el Estado ha sido reticente. Todo, con contadas excepciones, sale a empujones, con presión de parte de las víctimas o del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No vamos a tolerar esa conducta. El Estado tiene la obligación de cumplir y dar acceso a la justicia. Deben hacerse cargo. No está haciéndole un favor a las víctimas: debe cumplir sus obligaciones mínimas para la paz social”, explica Hermosilla.
“Esto ha mostrado la peor cara del Estado”, reflexiona Hermosilla. “No solo sobre la Iglesia, sino también del Sename. El sistema de justicia tiene que cambiar estructuralmente. La Fundación Para la Confianza lleva 11 años en esta lucha, y lo malo es que no debiéramos tener que empujar. Debería ser natural en el Estado chileno. Uno tiene la sensación de que si uno no empuja, el sistema vuelve inmediatamente donde estaba antes, como si no le interesara el tema”.
Como él, Óscar Osbén, vocero de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Chile, también discurre sobre la situación de las denuncias: “La pandemia ha afectado a todos los matices de la sociedad, pero la lentitud de estas investigaciones viene de antes. Había un silencio. Depende mucho de nosotros, las víctimas que esto se mueva. Si nos sentamos a esperar que nos reparen, que investiguen, vamos a morirnos en esto”.
Osbén denunció por abuso a Diego Ossa, mano derecha de Fernando Karadima. En The Clinic contó su historia, donde relata la relevancia que tuvo el religioso para él. “El peso de Ossa sobre mi conciencia se acentuó. Debía contarle todo lo que me pasaba, si salía a carretear o si conocía a una mujer”. Hoy, como vocero de la Red, su misión es la de ayudar a quienes buscan hablar, dejar salir su voz. “Uno empatiza con las personas que han sufrido de abuso. Estamos haciendo este trabajo que es súper gratificante para uno, como víctima, poder ayudar a sacarse el peso del silencio. El peso del abuso no me corresponde quitarlo: pero el peso del silencio es decirle al resto que deben denunciar, que les quitará una mochila que han arrastrado mucho tiempo”.
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Cuenta, además, la dificultad que significa rastrear los distintos casos de abuso, que colman el mapa chileno del abuso eclesiástico creado en 2019 por la Red de Sobrevivientes (que puedes visitar aquí) en el que dan cuenta de la cantidad de denuncias y zonas en las cuales se cometieron, donde aparecen nombres como los de Francisco José Cox, Diego Ossa o Bernardino Piñera. “Hay muchos casos que no están judicializados, o sea, personas que solo han hecho denuncias en la Iglesia, o que se acogieron a la Comisión de Escucha. No tenemos antecedentes del poder judicial para poder decir cuántos casos tenemos. Es una pega super maratónica”, explica Óscar.
En mayo de 2019, la Fiscalía Nacional decidió trasladar la causa donde se investigan casos de abusos por parte de religiosos desde la Fiscalía Regional de O’Higgins, en el que eran investigadas por el fiscal Emiliano Arias, hasta la Fiscalía Centro Norte, donde en la actualidad son tramitadas por el fiscal Xavier Armendáriz. La imagen de este último ha sido cuestionada, pues se denuncia procesos lentos y falta de comunicación con las partes afectadas. Consultado por Doble Espacio sobre el fiscal a cargo, Óscar Osbén señala que: “Desde que sacaron al fiscal Arias no supimos nada más. Él siempre nos llamaba a declarar, nos pedía información sobre distintos casos. Si no hay movimiento, sabes que no hay interés y se termina archivando. Y a nosotros no nos interesa que se archive”. Osbén enfatiza en que no se ha visto interés por parte del fiscal Armendáriz.
En línea con lo anterior, Hermosilla manifiesta que, a pesar de tener una buena opinión sobre el fiscal, “esto es como el fútbol, y lo que importan son las acciones”. El abogado señala a Doble Espacio que Xavier Armendáriz tiene muchas causas relevantes que, a su juicio, tienen elementos para determinar la existencia de los hechos y perseguir las responsabilidades por muchos delitos que no estén prescritos. “No es algo solo de Armendáriz. En general, en distintas fiscalías, en distintos lugares, todo esto se muestra extraordinariamente lento”.
Los otros nombres que ha dejado la pandemia
Bernardino Piñera
La mañana del domingo 21 de junio falleció el arzobispo emérito de La Serena y tío del Presidente de la República, Bernardino Piñera. El clérigo fue ordenado sacerdote en 1947 y tiempo después se desempeñó como obispo de Temuco, entre 1960 y 1977. Años más tarde, llega al arzobispado de La Serena (1983 y 1990), lo que le significó el título de emérito y, además, ocupar el cargo de presidente de la Conferencia Episcopal (1984-1988).
Abel Soto Flores, uno de los denunciantes de Francisco José Cox por abuso sexual, acusó que Piñera encubrió y protegió al exarzobispo de La Serena. En 2018, Flores señaló a La Segunda que Bernardino Piñera veía cuando Cox abusaba de él y le daba besos en la boca. “Piñera lo encubrió, lo protegió y permitió que tantos cabros como yo siguieran ese camino”.
Primero, fue denunciado por encubrir delitos sexuales a quien fue su sucesor en el Arzobispado y luego, fue denunciado por abuso sexual. Tras recibir esta denuncia, en agosto de 2019, la Nunciatura Apostólica en Chile comunicó que la Santa Sede había dispuesto una investigación previa a Piñera para “investigar si es verosímil la denuncia de presunto abusos sexual a un menor de edad, que habría sido cometido hace más de 50 años”. El comunicado cierra señalando que se estaba en contacto con quien denunció y que se estaba actuando en el respeto del principio de presunción de inocencia.
Ante la denuncia y mediante un comunicado, Bernardino Piñera señaló que daba fe de que durante su larga vida sacerdotal, que comenzó en 1945, “siempre he tenido una conducta intachable”. Diez meses después de iniciada la investigación canónica, y tras la muerte del arzobispo emérito, el Vaticano decidió suspender las investigaciones en su contra, según confirmó la Sala de Prensa de la Santa Sede a Radio Cooperativa. Quedó así una investigación sin término y un delito sin culpable.
Tito Rivera
El caso de Tito Rivera se cerró de golpe con una noticia: el pasado 19 de julio, el sacerdote de la Iglesia de Santiago se había suicidado a sus 68 años en su hogar. Según informó Bio-Bio, sus cercanos afirman que “se quitó la vida producto de una profunda depresión que atravesaba, debido a la investigación de la que era objeto y por los problemas que lo aquejaban”.
Daniel Rojas, quien denunció a Rivera por el abuso cometido en 2015, ha explicado en distintos medios los perjuicios que ha vivido tras el evento. “A esta edad cuesta creer que me pase esto. Saqué fuerzas de flaqueza para hablar de esto, pero lo estoy haciendo, porque quiero verdad y justicia”, declaró en El Dínamo. Con una demanda por indemnización de perjuicios al Arzobispado de Santiago, por 350 millones de pesos, la denuncia fue ingresada al sistema judicial.
En 2015 hubo una investigación canónica, llevada a cabo por el presbítero Francisco Walker, en la que se realizaron las primeras pericias. Pese a la verosimilitud del relato de Daniel y al descubrimiento de un segundo caso en contra de Rivera por el abuso de un menor de 16 años, el caso terminó archivado. Sin embargo, la entrega de ocho fotografías por parte de otra de las víctimas de Rivera en las que podía verse al religioso en actos sexuales dejaron en evidencia al sacerdote, que sería sancionado con 14 años de suspensión del ministerio sacerdotal. En 2019, Tito Rivera sería formalizado por el delito de abuso sexual, quedando con medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. En una de sus declaraciones, según informa La Tercera, Rivera denunció que “el exarzobispo de Santiago, el cardenal Ricardo Ezzati, tendría conocimiento de una serie de casos de presuntos abusos de sacerdotes y que la medida que tomaba era trasladarlos de parroquia e incluso a otros continentes”.
Diego Ossa
Por mucho tiempo, el nombre de Diego Ossa ocupó bajadas y cuerpos de noticias de todo el país. Parte del círculo de hierro de Fernando Karadima, quien en 2010 comenzó a ser investigado por distintos casos de abuso sexual, siendo sentenciado por la justicia canónica a una vida de retiro en oración y penitencia por aprovechamiento de sus facultades. Ossa comenzó, a la par del religioso de El Bosque, a ser investigado por su relación.
Fue durante este proceso que llegaron a Óscar Osbén, quien contó su experiencia: fue abusado por Diego Ossa en 2003, cuando era su secretario personal y uno de sus seguidores más cercanos. Declaró en 2018 su historia a Xavier Armendáriz, quien hoy lleva los casos relacionados con abuso en la Iglesia. De esta forma, se comenzó a investigar a Ossa, quien terminaría siendo expulsado de la parroquia de El Bosque. Comenzaría así una travesía entre distintas iglesias donde sería desterrado por fieles al conocer su pasado.
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Sin embargo, tras el allanamiento del 12 de julio de 2018 a la Iglesia de Santiago, donde se encontraban archivos ya procesados, se logró encontrar dos denuncias en contra de Ossa por abuso; nombres que Osbén, en confesión a Doble Espacio, cuenta no conocer. “Hay muchos casos de personas que no sabemos quiénes son. Es complejo, para la red de sobrevivientes, llevar un hilado fino de qué ocurre. No tenemos información”.
Ossa fallecería víctima de un cáncer de páncreas el 3 de abril de este año. Debido a la pandemia, solo asistieron sus parientes más cercanos. El viernes 17, dos semanas después de su fallecimiento, el Vaticano lo declaró culpable. El Arzobispado de Santiago comunicó que “la Santa Sede resolvió que es culpable de los delitos de abuso de autoridad en el ámbito de la conciencia y de abuso sexual de menor, en el caso de un denunciante, y de abuso de autoridad en el ámbito de la conciencia, en el caso de un segundo denunciante”.
Osbén cuenta que desde allí ha podido ayudar a otros a encontrar las herramientas para denunciar y llevar a cabo los procesos judiciales debidos, pero no titubea al referirse al destino de religiosos que fallecen sin penas: “Es lamentable que se vayan escapando de la justicia estos delincuentes. Porque al final, eso es lo que son”.
Javiera Ojeda
Estudiante de Periodismo, Universidad de Chile.
Aleister Quezada
Periodista de la Universidad de Chile.