Los efectos de la pandemia han alcanzado diversas esferas de la sociedad, entre ellas el funcionamiento regular de las escuelas. Muchos establecimientos imparten hoy sus clases a través de diversas plataformas online, aumentando así la exposición de los menores a los peligros de la red.

Desde fines de marzo, cerca de 3,6 millones de estudiantes dejaron las aulas para asistir, en su mayoría, a clases en línea en plataformas como Zoom y Google Classroom. El nuevo escenario desnudó el conflicto socioeconómico de la brecha digital que afecta a gran parte de las familias chilenas. Cerca del 44% no cuenta con conexión fija a Internet, según datos de la Subtel para 2018, mientras vuelve a ser un tema el mal uso de la información personal por parte de diversas aplicaciones de reuniones virtuales.

Con las cuarentenas y la consiguiente suspensión de actividades presenciales, era de esperarse una mayor participación de menores de edad en Internet. Y en este escenario crece, también, su exposición a peligros derivados del mal uso de las herramientas digitales. Grooming es el término anglosajón para definir el acoso sexual a menores de edad en la web, conocido en español como “engaño pederasta”. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), los perpetradores de este delito suelen generar un perfil falso en una red social para contactar a sus víctimas.

En febrero, la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI (Bricrib) informó que en 2019 se investigaron más de 4 mil casos de acoso sexual contra menores. Desde el Ministerio de Desarrollo Social, en tanto, notificaron 2.200 denuncias por grooming y delitos asociados a abuso de menores en la red. Estos números evidencian un aumento del 19% de los casos a nivel nacional en el último año, cifra que se enmarca en una tendencia mundial al alza, a su vez relacionada con la masificación de las nuevas tecnologías de comunicación entre los más jóvenes: la exposición prolongada a las redes sociales está en la base del fenómeno.

El último Censo Digital VTR arrojó que el 70% de los niños de 9 años en la Región Metropolitana tiene su propio celular, y que un 40% está más de tres horas navegando en la web. Y esto fue en 2019, antes de que la crisis sanitaria alterase las rutinas académicas.

Existen hoy varias organizaciones a nivel internacional encargadas de velar por el bienestar de niños, niñas y adolescentes (NNA). En Chile, la Defensoría de la Niñez y Red Infancia Chile se han destacado en esta labor. El lunes 27 de abril la Red Infancia, junto a 600 familias, entabló un recurso de protección contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, exigiendo la modificación del calendario escolar para evitar un regreso anticipado a clases. Pero no era esa su única inquietud.

La ciberseguridad es también una de las preocupaciones de la organización. Consultada por Doble Espacio, la presidenta de la Red Infancia, Lorena Bustamante, comenta que han visto “el aumento del maltrato infantil, la violencia intrafamiliar y hoy, cuando la principal distracción es Internet, hay muchas posibilidades de que estos delitos aumenten”.

Rol de la supervisión parental

El 1 de abril, la compañía de ciberseguridad Cyble reportó que alrededor de 530 mil cuentas de Zoom fueron vendidas en la deep web por un valor cercano a los mil dólares, alertando sobre las políticas de seguridad de la plataforma. Bustamante destaca que las redes sociales piden un mínimo de edad para su uso y que, como ONG, no pueden recomendar ninguna aplicación educativa: “Cualquier persona puede ingresar a estas plataformas obteniendo una cuenta. Es importante recalcar que pedófilos de todo el mundo están utilizando nuevos métodos para estar en contacto con niños y niñas. Internet es su mejor arma”.

Esta preocupación es compartida por el comisario de la Bricrib metropolitana Mauricio Araya, psicólogo encargado de velar por la seguridad de los menores en la red. Teniendo en cuenta el momento del desarrollo tecnológico en que nos encontramos, el comisario señala que “por lo general, (el grooming) se puede hacer a través de celulares, por lo que solo basta que (los menores) tengan conexión a Internet”.

Araya afirma que la PDI no ha tenido injerencia en las decisiones ministeriales respecto de la implementación de clases en línea, en las metodologías o en las plataformas. De ahí que no haya incidido en que se tenga en cuenta la posibilidad de que el grooming surja en este contexto.

Respecto a un posible aumento de estos delitos a raíz de la cuarentena, el comisario argumenta: “Si bien es posible,dado que los padres también están en casa, dudo que aumente. Lo más probable es que haya más control (…) Por lo general, pasa más cuando hay poca supervisión o están solos”. Una visión que difiere de lo que sostiene la presidenta de la Red Infancia, aunque ambos coinciden en la necesidad de la supervisión de los padres. El comisario es enfático en este punto: la responsabilidad no puede recaer en los menores, sino en sus tutores, quienes tienen el deber de estar pendientes de la actividad de los niños en Internet.

Muchas veces, el contacto digital entre un adulto y un menor puede pasar de una sala de chat grupal a una comunicación privada. Incluso pueden fingir ser menores de edad para facilitar el contacto. Por esto, Araya indica que es fundamental que los padres se familiaricen con las plataformas digitales y sus usos: “Si un niño de 11 años tiene acceso al teléfono y los papás no son capaces de ver con quién está hablando, pueden estar pasando por alto que su hijo es víctima de algún delito”.

Respecto del control y la supervisión de los menores, Araya recomienda la restricción de los horarios de acceso a Internet. Por ejemplo, limitar su uso durante las noches, especialmente si están solos en sus habitaciones, y preferir siempre que estén en un lugar común, como el living de la casa.

La Red Infancia, por su parte, recomienda no entregar datos personales de los menores en sitios web, juegos o concursos online, y destacan que la principal herramienta es una supervisión no invasiva: “Nada superará la confianza de una conversación entre padres, madres e hijos, y decir, ‘aquí estaré cuando me necesites’”, opina Lorena Bustamante.

Cómo penalizar un delito no tipificado

Como el bullying, el grooming es un concepto que aún no se integra al Código Penal, como sucede en Argentina, Alemania y Australia. Sin embargo, ambos fenómenos son sancionables a partir de delitos que pueden surgir de ellos y que sí son punibles.

El grooming es denunciable, y por tanto, investigable por la PDI. El comisario Araya explica que las denuncias suelen acogerse por abuso sexual impropio, donde no es necesario el contacto físico con el menor, pues basta la mera exposición a contenido impropio y/o pornográfico. En caso de que haya existido un intercambio de fotografías o contenido de carácter sexual entre el menor y el acusado, se puede proceder a incautar computadores y dispositivos electrónicos, argumentando como delito el almacenamiento malicioso o la distribución de pornografía infantil.

Por parte de la Red Infancia han mostrado interés en la necesidad de que este tipo de delitos virtuales sean explicitados en el Código Penal: “Luchamos día a día para que estos delitos sean considerados crímenes graves, que atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes, (y que no cuentan con) posibilidad de defensa gratuita”.

El principal problema de esta forma de persecución es la escasa tasa de encarcelamiento para los perpetradores. “Es muy probable que, existiendo una intachable conducta anterior, los sujetos queden en libertad”, explica Araya. “Sin embargo, cuando ha habido una conducta reiterada, por lo general lleva a una prisión preventiva”, pues tal tipo penal permite abrir una investigación para reunir evidencias que suelen terminar en condenas de cinco a diez años.

Catalina Araya

Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile

Felipe Arancibia

Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile