Tras firmar el borrador de la reforma que hará posible consultar por una nueva carta fundamental, la cientista política y académica de la U. de Chile habla sobre el texto final de la “mesa técnica”, donde participó en representación de Revolución Democrática, y que ahora será debatido por los partidos que firmaron el acuerdo del 15 de noviembre.

Tras 28 días de protesta, la madrugada del 15 de noviembre el Congreso planteó una respuesta a las demandas sociales: la posibilidad de tener una nueva carta fundamental. Pasaron 21 días más para que hubiera un borrador de lo que se necesita cambiar para que este proceso pueda seguir adelante. Ahora quedan 18, como tope, para que los parlamentarios firmen la reforma que permitirá llamar al primer plebiscito nacional desde 1989. Esta vez, para saber si los chilenos quieren una nueva Constitución y, en caso de que la quieran, a quiénes prefieren ver como constituyentes.

Claudia Heiss, doctora en Ciencia Política y académica del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, es una de los 14 integrantes de la Comisión Técnica Constituyente, conocida informalmente como la “mesa técnica”: un grupo de expertos designados por los partidos firmantes del “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”, para sentar las bases del proceso ciudadano que en abril de 2020 consultará sobre una nueva carta magna.

Tras varios días de trabajo intenso y de dificultades para consensuar algunos puntos, la comisión llegó a un acuerdo sobre los aspectos técnicos del proceso constituyente. Quedaron postergados, sin embargo, dos puntos: la paridad de género y los escaños reservados a pueblos originarios. Tras finalizar la última sesión, Heiss se refirió a los pormenores del proceso.

Con el acuerdo ya presentado, ¿se acaba la “mesa técnica”?
No sabemos bien si hay un papel futuro para la mesa. En principio, este era nuestro mandato y con esto terminamos nuestro trabajo. Salvo que nos dieran otro mandato: podría ser, pero es poco probable. Creo que la discusión del acuerdo complementario, que es el principal acuerdo que falta, se va a discutir más bien en el Congreso. Pero está por verse. Eso no está resuelto. El mandato de la Comisión Técnica era entregar algo que hiciera ejecutable el acuerdo del 15 de noviembre.

Sobre el acuerdo complementario de paridad y escaños reservados, ¿cuál era la idea original y qué se consiguió?
La idea original, cuando asumimos el trabajo de la comisión, era poner esas cosas en una reforma constitucional: que la reforma tuviera un sistema electoral que garantizara la paridad o que permitiera mecanismos de inclusión de independientes y escaños para pueblos indígenas. Pero no hubo acuerdo entre los partidos, básicamente tomábamos las decisiones por unanimidad. Teníamos que seguir el mandato de lo que ya habían acordado los partidos. Y por supuesto, los partidos, que van de la UDI al Frente Amplio, no lograron ponerse de acuerdo en esos temas.
Entonces, no pudimos poner una norma de paridad, porque no había acuerdo. Pero sí pudimos poner una que permitiera no cerrar esa discusión, que fue algo que estuvo sobre la mesa en algún momento: la derecha trató de cerrarla, y fue por eso que casi se cayó la posibilidad de hacer el acuerdo.

Dada esta volatilidad, ¿puede el controvertido quorum de 2/3 jugar en contra la aprobación de la reforma?
Sí, pero este proyecto de ley fue elaborado por todos los partidos firmantes del acuerdo del 15 de noviembre: la UDI, RN, Evópoli, la DC, el PPD, el Partido Radical, el PS, Comunes, el Partido Liberal y Revolución Democrática. Todos lo elaboraron, por lo que sería muy raro que no alcanzara los 2/3. Esta reforma va a pasar por un tubo. Lo difícil era llegar a elaborar un texto que fuera aceptable para todos esos partidos.

El acuerdo se firmó en medio de una presión social en la que se cuestiona el rol de los partidos y de los parlamentarios. ¿Qué tan importantes serán las señales que se den?
Esta es la única forma de hacer el cambio de manera institucional. Si se quisiera hacer el cambio constitucional sin los partidos, habría que hacer algo así como una revolución. Si uno quisiera desconocer la Constitución que existe hoy y cambiar las normas, y hacer una Asamblea Constituyente sin pasar por esta Constitución, habría que buscar alguna forma de desconocerla: por ejemplo, una guerra civil o un levantamiento armado. La única forma de hacerlo, siguiendo la institucionalidad vigente y las normas democráticas, es a través de una reforma. Es la única forma de hacerlo sin romper con la institucionalidad. Por eso, creo que tiene un valor importante, pese a que el acuerdo no contiene todas las cosas que como oposición habríamos querido.

¿Qué cosas sí lograron acordar?
Por ejemplo, algo muy importante, que fue poner el 25 de junio del 2020como la fecha de congelamiento de la ley electoral. Inicialmente, la derecha había propuesto que todas las normas que rigieran las formas en que se van a hacer los plebiscitos y la elección de convencionales, siguieran las normas vigentes a diciembre de 2019. O sea, cuando se eligieran los convencionales, iba a regir la ley electoral actual, aunque la elección fuera en agosto de 2020. Y este convenio logró extender esa fecha hasta junio. Por lo tanto, tenemos seis meses para hacer otra reforma que pueda generar estos mecanismos de inclusión y hacer una Asamblea Constituyente más ciudadana.

El sistema vigente permitió que en los últimos comicios parlamentarios se eligieran candidatos con muy baja votación, y que se “perdieran” otros que fueron muy votados. ¿Cómo puede afectar el proceso constituyente la permanencia de este sistema electoral?
Creo que hoy la gente está pidiendo normas electorales un poco distintas a las del Congreso. Elegir un congreso no es lo mismo que elegir una convención constitucional y, por lo tanto, parece muy razonable tratar de incorporar otros mecanismos de inclusión, para que la Constitución tenga más legitimidad. Esa es la discusión que va a quedar abierta los próximos seis meses: durante todo el primer semestre de 2020, vamos a estar viendo si los partidos logran acordar un sistema electoral un poco distinto al del Congreso, pero, obviamente, eso es una reforma de tal magnitud, que va a requerir votos de la derecha. Ahora, no descarto que se puedan conseguir esos votos, porque RN y Evópoli se han mostrado mucho más abiertos que la UDI a estas cosas. Creo que es probable que haya cambios al sistema electoral en los próximos meses, al menos para la Convención Constitucional. Podrían ser normas transitorias para la Convención, no necesariamente para que queden en la ley electoral del Congreso.

¿Qué pasa si no hay un acuerdo entre todos los partidos?
Si los partidos no se ponen de acuerdo en estos tres temas-independientes, escaños para pueblos indígenas y paridad de género-, va a haber un castigo muy fuerte de la ciudadanía. Creo que los partidos van a tener mucha presión en los meses que vienen. El cambio constitucional que estamos viendo y que se inicia hoy, no partió de los partidos políticos: partió de la gente en la calle. Si no hubiera sido por la presión social, nada de lo que está ocurriendo hoy día habría ocurrido. Y creo que lo mismo va a pasar con la forma de elegir a los parlamentarios, porque hay una demanda social, una demanda ciudadana que es muy fuerte y de la que no van a poder abstraerse los partidos. Creo que la presión social va a hacer que todos tengan que asumir esas agendas, porque, si no, van a tener un castigo electoral.

¿Cómo se va a llamar a plebiscito? ¿Qué pasará con la obligatoriedad del voto?
La oposición trató de imponer el voto obligatorio en las tres elecciones: plebiscito de entrada, elección de convencionales y plebiscito de salida. Solo el plebiscito constitucional, es decir, el de salida o ratificación, es con voto obligatorio. Entonces, es muy importante la capacidad de movilización que tengan las organizaciones sociales y los partidos, para que la gente vaya a votar. Porque si este proceso se inicia con una participación electoral muy baja, podría afectar la legitimidad y la fuerza de todo el proceso. Es muy importante que la gente vote, que quiera cambiar la Constitución y que quiera hacerlo con una Convención Constitucional, que es la forma más democrática, a mi juicio, de hacer una nueva Constitución.

Los dos tercios y la crisis de los partidos

La falta de credibilidad de la clase política atraviesa un movimiento ciudadano que tiene a los parlamentarios en la mira. En las últimas semanas, y tras el acuerdo del 15 de noviembre, surgieron dudas sobre la factibilidad de una nueva Constitución, dividieron a la gente en la calle y en las redes sociales: se necesitarán dos tercios de los votos de la convención electa para ratificar los artículos de la carta fundamental.

¿Qué significan los dos tercios en este escenario?
Cuando tienes una norma vigente y necesitas dos tercios para cambiarla, significa que un tercio tiene el poder de vetar el cambio. Pero si no tienes ninguna norma y necesitas dos tercios para crearla, es completamente distinto. No es un poder de veto. Además, en los procesos de creación constitucional no es tan raro. Si estás creando una Constitución, no estás creando leyes ordinarias. Las constituciones son acuerdos amplios, no son acuerdos de temas que sean polémicos. No son programas de gobierno. Está bien que sea por dos tercios, está bien que sea por una mayoría amplia.

¿Es posible un tránsito del sistema de partidos a una democracia directa?
Lo de la democracia directa lo entiendo: a los jóvenes no les deben gustar los partidos políticos; deben pensar que son una pésima forma de organizar la toma de decisiones. Sin embargo, no existe ningún sistema democrático que respete los derechos de las personas y que funcione sin partidos políticos.

¿Y qué pasa con esa ciudadanía que rechaza a los partidos?
Hoy está de moda proponer que la sociedad civil haga la Constitución, que la sociedad civil tome las decisiones y no los partidos políticos. Pero, ¿quién es la sociedad civil? ¿Quién representa a la sociedad civil? La sociedad civil son los sindicatos, la sociedad civil son las iglesias evangélicas, son los grupos empresariales: todo eso es la sociedad civil. Y cada grupo organizado representa un interés particular en la sociedad, que tiene algo que decir. Es legítimo que los intereses estén representados, pero los partidos políticos, en la teoría, se supone que representan visiones de la sociedad, que representan intereses generales, no particulares.

Los principales grupos organizados que han tomado las banderas del movimiento son gremios y sindicatos…
La idea de una democracia gobernada por gremios es lo que defendía Jaime Guzmán, a quien no le gustaban los partidos y le gustaba el gremialismo, que se parece un poco al corporativismo, y que ha sido la base de sistemas como el fascismo italiano. Por ejemplo, hoy muchos dirigentes sindicales o dirigentes de agrupaciones gremiales pretenden reemplazar la función de los partidos. Yo les digo, desde la teoría política: eso nunca ha funcionado para establecer un sistema pluralista y democrático. Las veces que se han puesto en prácticas sistemas de este tipo, lo que ha resultado son sistemas corporativistas que tienden al autoritarismo.

Pero, ¿cómo confiar en los partidos?
En vez de buscar reemplazar a los partidos, hay que tratar de mejorar la calidad, y hacer que los partidos realmente representen a la gente, cosa que hoy, evidentemente, no hacen. Muy poca gente se siente representada por ellos. Más que criticar la democracia representativa o criticar a los partidos como concepto, lo que habría que hacer es sanear nuestra democracia con mejores partidos. Y eso tiene que ver con la Constitución del 80: la Constitución y los enclaves de la dictadura le han producido un tremendo daño a la democracia representativa.

Felipe Arancibia

Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile

Catalina Araya

Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile