Como una iniciativa propia de la comunidad fue inaugurada la primera casa de acogida trans, enfocada principalmente en las mujeres dedicadas a la prostitución. En el espacio, mujeres trans -trabajadoras sexuales o no- pueden participar de talleres, hacerse pruebas de VIH y, principalmente, encontrar un espacio de confianza y respeto. Sin embargo, la casa de acogida Amanda Jofré tiene los días contados: el 2020 dejan el lugar, pero confían encontrar el financiamiento para agrandarse, a pesar de no contar con el apoyo del Estado.

Casa esquina. Roja. Tres pisos. Una vivienda común y corriente dentro de un barrio residencial ubicado en calle Catedral con Bulnes. En las ventanas, un anticipo de lo que ocurre adentro: tres de las cinco aberturas llevan colgando una bandera tan representativa como desconocida por la sociedad chilena. Las rayas azules, rosadas y blanca del estandarte trans decoran orgullosas la fachada de la primera y única casa de acogida para trabajadoras sexuales transexuales y transgénero en el país.

El pasado 12 de abril, el sindicato de Trabajadoras Sexuales Trans Amanda Jofré Cerda inauguró el primer espacio físico destinado a ser una red de apoyo exclusiva para ellas. Ubicado en pleno Barrio Yungay, el recinto ofrece resguardo a mujeres trans que se dedican trabajar en el peligroso y desregulado rubro del comercio sexual. Testeos rápidos para VIH, Sífilis y Hepatitis b; diversos talleres y un equipo de profesionales y activistas listos para asesorar son parte del movimiento que todos los martes, miércoles y viernes se toma el lugar.

“Sácate la chaqueta, ven. Estamos haciendo ejercicios para la voz. Bueno, ya, para el sexo oral…”. Las risas se desatan en el primer piso de la casa de acogida Amanda Jofré. Ahí, en confianza, la sonrisa y el humor son denominador común. En menos de un año, entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018, 369 personas trans y género-diversas fueron asesinadas en el país. Más de una por día.

Pero en calle Catedral 2407 las risas abundan y razones hay de sobra. “Más que de acogida, estamos para acoger. Para compartir entre pares”, explica Alejandra Soto, presidenta del sindicato de trabajadoras sexuales trans, organización social y corporación chilena Amanda Jofré Cerda. Si bien la casa no está habilitada todavía para pasar la noche, el sueño de agrandarse y alojar compañeras está latente para un movimiento que ya cuenta con tres personalidades jurídicas.

En el segundo piso de la casa, Alejandra, en compañía de la académica de la Universidad del Desarrollo, Anastasia Benavente, trabajan frenéticamente organizando actividades y buscando financiamiento para pagar el arriendo de la casa. “Esto es trabajo social de campo. El Estado nos apoya con insumos para los testeos, pero lo demás corre por lo que logremos conseguir de nuestro bolsillo, fundaciones y ONG’s”, comenta Alejandra.

La importancia de la Casa

El proyecto de la Casa Trans busca, además de controlar las infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH, brindar apoyo judicial y alimentación a todas aquellas trabajadoras sexuales que lo requieran. “Buscamos una ley integral. No tenemos otra integración laboral que no sea el trabajo sexual”, un rubro que, como explica tanto la presidenta de Amanda Jofré como la evidencia histórica, no cuenta con los estándares mínimos para ejercerse.

Si bien judicialmente se han logrado avances como la Ley de Identidad de Género, que permite que toda persona en transición pueda cambiar su nombre y sexo registral, hay ciertos ámbitos en que el avance ha sido casi nulo.

Uno de ellos es la salud pública.  Actualmente, solo el 4% de la red de Hospitales de Chile entrega atención especializada para las personas en transición según el Colegio Médico de Chile, de los cuales más de la mitad se encuentran en la Región Metropolitana. Además, según comentó Francisca Crispi, presidenta de la Comisión de Género y Salud del Colegio Médico, al diario El Dínamo, el presupuesto que actualmente les entrega el Ministerio de Salud a los distintos recintos de salud pública es insuficiente, debido a que no contempla una cobertura para los medicamentos y atención psicológica de la población trans, lo que muchas veces provoca que las personas se automediquen irregularmente.

La falta de capacitación es otro problema en el sistema público. El desconocimiento y prejuicio que se crea en torno a la comunidad trans, las ha desprotegido incluso en temas de salud general. Así lo describe Leonel Catoni, activista de coordinación en el área de Salud de la Organización Trans Diversidades (OTD): “Venimos a cumplir una función que debería hacer el Estado, que es capacitar. Tú llegas a un recinto de salud y hay personas que se mueren en la sala de espera -sobre todo trabajadoras sexuales- porque ven que es alguien que se dedica a este trabajo y no lo atienden. Más aún si es una persona trans. Salud termina siendo otra barrera de exclusión, en vez de prestar la atención que deberían”, afirma.

Históricamente, el trabajo sexual se ha percibido como una práctica inmoral, responsable de la propagación de ITS y VIH. Sin embargo, esto queda solo como un estigma, sin abordarse de forma digna y correcta desde la institucionalidad. Al trabajar directamente con sus órganos sexuales, las trabajadoras sexuales deben hacerse chequeos más a menudo que alguien radicado en otra área.

Es por esto que, desde su conformación en el 2010, el Sindicato Amanda Jofré ha mantenido relaciones con los distintos ministerios, con el fin del reconocimiento legal del trabajo sexual en el país y la inserción de las trans en las políticas públicas, sin conseguir resultados realmente significativos.

Para Carola Naranjo, directora ejecutiva de Etnográfica y experta en temas de género, aún falta apertura hacia el reconocimiento de las distintas expresiones de género en la sociedad chilena: “No existen políticas públicas destinadas a la comunidad trans o LGBTI, mientras en que las que existen orientadas a mujeres, las trans tampoco entran. El Estado debe generar institucionalidad pública, que exista una subsecretaría de la diversidad sexual, por ejemplo. O planes y políticas que se hagan cargo de la equidad de género y no solo por las problemáticas que tienen las mujeres”, comenta.

Por su parte, el Ministerio de Salud, específicamente el Centro Regional de Información y Apoyo para la Prevención del VIH/SIDA, evalúa positivamente el espacio. “En general, las mujeres trans -sobre todo las que llegan a edades avanzadas- están bien solas en la vida, no tienen redes de apoyo ni familia, por lo que creo que esta iniciativa es bien interesante y que, en lo posible, como Ministerio la deberíamos apoyar”, explica Lumi Rodríguez, encargada de la Unidad de Prevención y control del VIH/Sida.

Un guiño hacia el pasado

 Desde la instauración del régimen prohibicionista hacia el comercio sexual en el Código Sanitario de 1931, los controles y prevenciones hacia las ITS y el VIH, han ido disminuyendo.

Hacia fines del siglo XIX, el comercio sexual se emplazaba, en su mayoría, en recintos cerrados. Las llamadas casas de tolerancia y burdeles no sólo eran lugares de trabajo, sino que también eran los hogares de muchas trabajadoras sexuales. Es por lo anterior, que en 1896 se dictó el primer Reglamento de Casas de Tolerancia, destinado a establecer responsabilidades sanitarias y fiscalizaciones constantes a las personas que se radicaban en ellas. El llamado “control higiénico” se realizaba dos veces a la semana por un médico y fiscalizaba el estado de la salud sexual de las integrantes de estas casas. Éste se registraba en la libreta sanitaria de cada trabajadora, la cual era pesquisada por Carabineros constantemente.

Dicho registro, pese a que buscaba controlar las infecciones de transmisión sexual (ITS) dentro del comercio sexual, no logró extenderse a todas las trabajadoras del rubro, debido a que los recintos privados no eran los únicos lugares de emplazamiento de su labor. Es por esto que en 1931, con la creciente proliferación de las ITS en la población santiaguina, se dictó un nuevo Código Sanitario. En él, se prohibieron los burdeles y Casas de Tolerancia con el fin de regular el esparcimiento de las ITS y enfermedades venéreas, fallando rotundamente en su cometido. Entre 2010 y 2017, por ejemplo, los casos confirmados de VIH aumentaron de menos de tres mil a casi seis mil.

El decreto del Código Sanitario de 1931, con diversas modificaciones, sigue vigente hasta la actualidad, dejando sujeto todos los ámbitos del comercio sexual al autocuidado.

La desprotección legal y discriminación social -además de la casi inexistente educación sexual que reciben las trabajadoras sexuales y las personas transgénero- no han contribuido a lo anterior. Es por esto mismo que los colectivos y fundaciones han tomado cartas en el asunto, ofreciendo exámenes periódicos y preventivos a todas las personas que acudan a ellas.

Futuro complejo, futuro dulce

Son las 7 de la tarde y Alejandra Soto comienza a ordenar su escritorio para poder alistarse para la noche. Lleva más de cinco horas trabajando en la Casa, pero el activismo no sirve para “parar la olla”, dice. Una vez vestida y maquillada, la presidenta de la Corporación Chilena de Personas Trans Amanda Jofré, saltará a las calles de Santiago a ejercer su empleo, la prostitución.

“Si igual duermo, oh. Descanso antes de almuerzo”, comenta. Si bien el futuro de la Casa de Acogida Trans no está claro, la situación actual es diametralmente distinta a la del pasado, todo gracias a un trabajo arduo por parte de las activistas.

Ejemplo de esto es la razón que las llevó a conformarse como organización social en la comuna de Santiago. “Tuvimos que hacerlo para enterrar a nuestras compañeras. Solo así nos ayudarían a costear los cajones”, explica Alejandra, sin inmutarse.

Constanza Valdés, abogada y ex representante de OTD, entiende de la necesidad de espacios como éste. “Según estadísticas de 2013, actualmente se estima que poco menos del 95 por ciento de las mujeres trans en Chile ejerce el trabajo sexual. Esa es la realidad”, asegura. “El sindicato genera una perspectiva única y bastante valorable en esta materia”.

A pesar de lo logrado, la Casa peligra. Con el fin del arriendo para el 2020 y la esperanza de poder alojar compañeras en la residencia, la Casa necesita de recursos para poder mantenerse y mejorar a futuro. “Chiquillas han sido violadas y asesinadas”, cuenta Constanza, siendo para ella el Sindicato la principal organización que reivindica esa lucha. Para que la instancia persista, es necesario que “efectivamente se pueda generar esta vinculación con los organismos de la administración del Estado para que exista reconocimiento de su trabajo, derechos y garantías constitucionales”.

Diego Ortiz

Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile

Dannae Arias

Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile

Bárbara Schulz

Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile